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La Fiscalía General de la República presentó un consolidado de personas desaparecidas durante el año 2020, que en total sumaron 1,491, y del cual 541 fueron mujeres (36.2 %), 841 hombres (56.4 %) y 109 (7.31 %) sin datos del sexo de las víctimas. Este tipo de información se esconde en el marco del bien propagandizado Plan Control Territorial, y porque los temas que están todos los días en la opinión pública son los que el presidente de la República pone en las redes sociales, y que hacen eco en todos los medios de comunicación. Los temas que el presidente Bukele ha mantenido en la agenda pública, desde que asumió la presidencia, por cierto en su constante ataque a la oposición, la victimización y, por supuesto, la necesidad “de sacar a esa oposición de la Asamblea Legislativa”.
A la par, resaltar su buena gestión, entre ellos, el tema de la seguridad. Y un elemento que el Gobierno utiliza para dar por sentado la buena actuación del gobierno en el tema de la seguridad es la disminución de los homicidios, lo cual es cierto, si se compara con los fallecidos en años anteriores. Pero en el país no solo sigue habiendo muertos, sino desaparecidos, entre ellas mujeres, que ha provocado que reacciones en algunas instituciones que velan por los derechos de las mujeres.
El Observatorio de Seguridad Ciudadana de las Mujeres reportó, recientemente, que entre octubre a diciembre del año 2020, cada 18 horas desapareció una mujer en El Salvador. Estos hechos fueron registrados en cinco de los catorce departamentos del país. Según el Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas de El Salvador, este flagelo puede estar vinculado con pandillas, maras, carteles u otro tipo de organizaciones criminales.
Un dato realmente alarmante, y que debería ser, incluso, un tema de campaña política, es decir, cómo desde la Asamblea Legislativa y desde los Concejos Municipales puedan apoyar esfuerzos para que esa cruda realidad se termine en el país. El tema de las desapariciones ha sido relativizado por los distintos gobiernos, a partir de que algunos casos reportados como desaparecidos han sido encontrados, pero esta cifra es mínima con respecto a los casos que, con el pasar de los meses y años, siguen en la condición de desaparecidos.
Cuando las actuales autoridades tratan los temas de seguridad destacan los golpes al narcotráfico, las múltiples capturas de integrantes de las estructuras delincuenciales y la reducción de los homicidios, pero nunca abordan con seriedad o profundidad los casos de las desapariciones, por lo tanto no dan cuenta de las 541 mujeres desaparecidas en 2020.
Otro tema que también es relativizado por las autoridades es el tema de las extorsiones, que golpean fundamentalmente a la pequeña y micro empresa, en las que incluimos las pequeñas tiendas de barrios y colonias. Hay testimonios de emprendedores que a los pocos meses de haber iniciado sus negocios tienen que cerrarlos, porque los delincuentes les exigen rentas cada vez mayor y son cantidades que, a veces, no pueden cancelar.
Y es que trabajar solo para pagar renta, es mejor no tener negocio. Este tema no lo tocan las autoridades, porque se les cae la propaganda del Plan Control Territorial. Y es que desde la lógica del Ejecutivo, hablar de desapariciones o de extorsiones es como aceptar que no hay “control de ningún territorio” de parte de las autoridades y, en efecto, quienes controlan los territorios son los pandilleros o mareros. Por eso es bueno que en el caso de las desapariciones de mujeres existan organismos que se interesen en el tema, que no solo lo expongan, sino que se genere una conciencia social para exigir a las autoridades elaborar planes para combatir este flagelo, pero primero debe admitirse la ocurrencia de estos hechos.
