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José M. Tojeira
El suicidio es un problema personal grave, pero también un síntoma de malestar social. No tiene demasiado que ver con el tema del desarrollo o del bienestar económico, sino con otros factores de tipo educacional o social. Algunos países como Francia o Alemania, han duplicado algunos años las tasas salvadoreñas de suicidios. El aislamiento, la falta de perspectivas en la vida, los valores que se cultivan o más bien, que se dejan de cultivar, inciden en el aumento de personas que deciden quitarse la vida. En El Salvador, si bien no estamos entre los países con mayor proporción de suicidios a nivel mundial, sí nos ubicamos en un sector que podemos llamar peligroso.
En efecto, la tasa de suicidios supera en El Salvador, aunque ligeramente, la cifra de 10 suicidios por cada cien mil habitantes. Ello hace que a nivel mundial estemos catalogados entre los países que se considera sufren una epidemia de suicidios. De hecho somos en Centroamérica el país con la mayor tasa de este doloroso fenómeno. Tanto los países vecinos con mayor desarrollo que nosotros, como los que tienen una problemática mayor en el campo de la pobreza, tienen tasas inferiores a la nuestra, en algunos casos incluso con menos de la mitad de nuestra proporción.
Sin embargo no es frecuente, probablemente por desconocimiento, que el tema aparezca con el debido interés en el debate nacional. Sólo cuando los suicidios afectan a instituciones estatales, la preocupación aflora, aunque únicamente enfocada a la institución que sufre especialmente la epidemia. Tal es el caso de los suicidios de policías, que ha aparecido recientemente en algunos medios. Un tema que ya apareció hace algunos años con otro gobierno en un nivel incluso más alto y que ha reaparecido en la actualidad. Aunque algunas instituciones han tratado de ayudar en este campo a la PNC, solo en algunas ocasiones los mandos policiales mostraron algo de interés en el tema.
La diferencia y desigualdad entre la comodidad de los mandos y la vida difícil y compleja de la base policial es también uno de los factores que puede degenerar en estados depresivos de los agentes. Ante estos datos es importante que reflexionemos y que demos pasos para enfrentar el problema. Pasar indiferentes ante el suicidio es conformarse con una situación que puede afectarnos a todos. Y que en sí misma, es fruto no solo del dolor individual de las personas, sino de una sociedad poco atenta al sufrimiento de los demás y muy poco dispuesta al cuidado preventivo de este problema.
Desde hace años el número de psicólogos dentro de la PNC es insuficiente para atender los problemas de muchos de los que pertenecen al cuerpo policial. No es un trabajo fácil y necesita apoyo. Y más ahora, cuando el régimen de excepción impuesto ha significado en ocasiones una multiplicación de tareas y un modo de actuar que a algunos policías les crea un dilema moral, por la arbitrariedad y el abuso cometido. También el sistema público dependiente del ministerio de salud está básicamente mal dotado para las necesidades existentes en el área de la salud mental. Un país que ha sufrido una guerra civil deja siempre detrás una estela de sufrimiento y sin sentido que debe ser seriamente atendida.
A nivel educacional, después de prácticamente dos años trabajando en la educación virtual, los niños y niñas regresan a un sistema escolar con una severa ausencia de psicólogos en el sector público. No hay duda de que el encerramiento y el miedo, unidos a la crisis económica que ha golpeado a muchos, aumenta tensiones y problemas mentales tanto en los adultos como en los niños. Seguir como si no hubiera pasado nada no es lo más conveniente para la salud social. Frente a quienes advierten del estrés acumulado y los problemas sicológicos causados por la situación tan especial que hemos vivido durante los tiempos de pandemia, nosotros no hemos hecho un esfuerzo para evaluar los daños y problemas surgidos en ese tiempo. En medio de la positiva preocupación por la primera infancia, bueno sería que el gobierno se preocupara también con un interés creciente por la salud sicológica de sus empleados y funcionarios y usuarios, especialmente en el área de la policía, la salud pública y la educación.
