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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
“El Salvador se está acostumbrando a vivir sin derechos, porque se ve aceptable la pérdida de derechos humanos por parte del Estado a cambio de la seguridad, que debería garantizarla porque es su deber”, enfatizó Verónica Reyna, directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS).
Reyna consideró que hay una campaña de estigmatización hacia las organizaciones, como parte de la estrategia para evitar que sean señalados los errores o se exija el abordaje integral del tema de seguridad.
“Pareciera que la sociedad defiende la vida, pero, por otro lado, la desprecia al estar personas acusadas como criminales, mientras a las personas no se le compruebe un delito sigue siendo inocente. Las condiciones del Régimen de Excepción están generando violaciones a derechos humanos, así como abusos policiales y de la Fuerza Armada”, afirmó la directora de Derechos Humanos del SSPAS.
Reyna dijo que el principal agresor del desplazamiento interno es la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército, normalmente quienes se movilizan son grupos familiares de todas las edades; los casos más documentado son de San Salvador, no es extraño que estos cuerpos de seguridad estigmaticen ciertas zonas del país.
Desde 2013 el SSPAS cuenta con un Observatorio de Derechos Humanos que ha registrado y documentado el uso de la fuerza por el Estado, la estigmatización social y discriminación en las comunidades empobrecidas y abusos. En el último se ha identificado que la PNC ha provocado el 73% de los casos de desplazamiento forzado en el país.
“Si el gobierno respetara la normativa, y los debidos procesos, no pudiera hacer la detención masiva, porque no sólo se ha enfocado a pandilleros, sino, también a gente inocente, ya que quieren juzgar por grupos; el presidente Nayib Bukele, en su campaña presenta como logro que si un joven vivía en la zona podría ser uno de los implicados, y ser condenado por años”, expresó en el espacio televisivo Encuentro con Julio Villagrán.
Reyna indicó que el simple hecho de pedir al gobierno respeto a los derechos humanos, la gente lo tacha como defensor de miembros de estructuras criminales, y no es así, los familiares de pandilleros no denuncian, porque están vinculados a estructuras criminales y al cometimiento de delitos.
Reyna recalcó que desde el gobierno anterior el Servicio Social Pasionista ha denunciado hechos de violencia ocurridos en contra de la población, donde el Ministerio de Justicia les pagaba abogados a policías, por lo cual no es de extrañarse que ahora los militares detenidos tengan los mismos beneficios. Los abusos de la PNC son históricos, porque nunca ha existido un proceso de depuración real en las instituciones policiales.
