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Saúl Méndez
Colaborador
Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, El Salvador obtuvo una puntuación de 32 sobre 100 en 2025, dos puntos más que el año anterior. Con este resultado, el país se ubica en la posición 120 de 182 naciones evaluadas, por encima de Nicaragua, Honduras y Venezuela.
El Índice de Percepción de la Corrupción, que analiza 182 países en todo el mundo, es considerado el principal referente global para medir la corrupción en el sector público.
En la región, los países mejor evaluados en 2025 fueron Uruguay (73), Canadá (75) y Barbados (68), caracterizados por sistemas democráticos relativamente estables y mayores niveles de transparencia y participación ciudadana. En contraste, los puntajes más bajos corresponden a Estados afectados por el crimen organizado y violaciones a los derechos humanos, como Haití (16), Nicaragua (14) y Venezuela (10).
El Salvador, ahora 32 puntos, había experimentado una caída acumulada de nueve puntos en el 2024, con un total de 30 puntos, la calificación más baja desde 2015. En ese periodo, la nueva ley de contrataciones públicas restringió el acceso a la información, ampliando la discrecionalidad de los tomadores de decisiones y limitando la rendición de cuentas en la adquisición de bienes y servicios estatales.
El leve repunte de dos puntos podría estar asociado a la adopción de certificaciones bajo la norma ISO 37001, orientadas a establecer controles más estrictos en la administración pública y a fomentar entornos institucionales libres de corrupción.
De acuerdo con distintos reportes, la norma ISO 37001 es un sistema de gestión antisoborno con reconocimiento internacional. Este estándar exige a las instituciones implementar políticas de tolerancia cero, documentar sus procesos internos, habilitar canales confidenciales de denuncia y someterse a auditorías externas periódicas.
No obstante, organizaciones como Acción Ciudadana han señalado la falta de información pública en proyectos emblemáticos como el nuevo edificio del Hospital Rosales y el viaducto Francisco Morazán, en Los Chorros.
En su informe “Transparencia Activa en proyectos de Infraestructura Pública 2025”, Acción Ciudadana evaluó el nivel de divulgación de información oficial en obras públicas, conforme a lo establecido por la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
La organización concluyó que, de los 23 proyectos analizados por tercera ocasión, persiste una limitada disponibilidad de información oficiosa, además de mantenerse las reservas en varios casos.
Acción Ciudadana advirtió que existe un “retroceso en el nivel de transparencia activa”.
En América Latina, con un promedio regional de 42 puntos sobre 100 en el IPC 2024, el informe concluye que la región requiere medidas urgentes para frenar la corrupción.
“La ausencia de medidas efectivas promueve violaciones a los derechos humanos e incrementa la influencia de élites económicas, actores políticos y el crimen organizado en los asuntos públicos. Este contexto perpetúa la impunidad y debilita la capacidad de los países para enfrentar el cambio climático, con graves consecuencias para la población”, alertó Transparencia Internacional.
El informe del IPC 2025 advierte que la corrupción continúa siendo una amenaza grave a nivel global, con escasos indicios de mejora sostenida.
“Los líderes deben actuar para combatir los abusos de poder y los factores estructurales que impulsan este deterioro, como el debilitamiento de los contrapesos democráticos y los ataques a la sociedad civil independiente”, señaló la organización.
“Las protestas antigubernamentales en diversas regiones reflejan el hartazgo ciudadano frente a liderazgos que no rinden cuentas y evidencian la demanda de reformas”, añadió.
El IPC clasifica a 182 países y territorios según la percepción de corrupción en el sector público, en una escala que va de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio).
Aunque 31 países han logrado reducir significativamente sus niveles de corrupción desde 2012, la mayoría permanece estancada o ha empeorado. El promedio global cayó a 42 puntos, mientras que más de dos tercios de los países obtienen menos de 50. Según Transparencia Internacional, las consecuencias son directas para la población: sistemas de salud con financiamiento insuficiente, infraestructuras vulnerables y oportunidades limitadas para los jóvenes.
“Observamos un panorama preocupante de deterioro sostenido en el liderazgo anticorrupción. Incluso democracias consolidadas como Estados Unidos, Reino Unido y Nueva Zelanda muestran retrocesos. La falta de liderazgo firme debilita los estándares y la aplicación de la ley, reduciendo la ambición de los esfuerzos anticorrupción a nivel global”, advirtió.
“Al mismo tiempo, muchos Estados están restringiendo el espacio cívico. Al dificultar o poner en riesgo la labor de ciudadanos, organizaciones y periodistas, se reduce la transparencia y la rendición de cuentas, lo que facilita la expansión de la corrupción”, concluyó.
Transparencia Internacional es un movimiento global presente en más de 100 países que trabaja para combatir la corrupción y promover la rendición de cuentas.
“Nos enfocamos en los temas que más afectan la vida de las personas y exigimos responsabilidades a quienes ostentan el poder. A través de la incidencia, las campañas y la investigación, buscamos exponer los sistemas que permiten la corrupción y promover mayor transparencia e integridad en la vida pública”, indicó la organización.
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