En El Salvador “no hubo informes creíbles de violaciones significativas de DDHH”: EUA

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Departamento de Estado de los Estados Unidos manifestó que en El Salvador “no hubo informes creíbles de violaciones significativas de los derechos humanos”, a pesar de los múltiples señalamientos y relatos de torturas que han sufrido varias personas detenidas arbitrariamente en el régimen de excepción, incluso de 434 muertos en los centros penales, algunos con señales de tortura.

En su informe, Estados Unidos, liderado por Donald Trump, señaló que “no se registraron cambios significativos en la situación de los derechos humanos en El Salvador durante el año. Los informes de violencia de pandillas se mantuvieron en un mínimo histórico durante el estado de excepción, ya que las detenciones masivas reprimieron la actividad de las pandillas”.

El informe agrega que “no hubo informes creíbles de violaciones significativas de los derechos humanos. El Gobierno tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos”.

Estados Unidos señaló también que el Gobierno salvadoreño reportó una disminución significativa en los asesinatos generalizados cometidos por bandas criminales. El gobierno y los observadores atribuyen esta disminución a las políticas gubernamentales bajo el estado de excepción, declarado en marzo de 2022 y prorrogado mensualmente.

Sin embargo, el documento señala que “hubo varios informes de que el gobierno o sus agentes cometieron ejecuciones arbitrarias o ilegales durante el año”. “Bajo el estado de excepción, las fuerzas de seguridad estaban facultadas para detener a cualquier persona sospechosa de pertenecer a una pandilla o de prestar apoyo a estas. Como resultado, miles de sospechosos fueron detenidos. Algunos sospechosos murieron en prisión antes de ser condenados o cumplir sus condenas”.

Según cita, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que en julio de 2024 se habían producido 115 muertes en prisión desde que comenzó el estado de excepción en marzo de 2022.

Denuncias por malos tratos de la PNC y FAES

El informe del Departamento de Estado señaló que hubo algunas denuncias de malos tratos por parte de la policía y miembros de las fuerzas armadas. Hasta el 16 de agosto, la PNC registró dos denuncias de tortura, 47 denuncias de «integridad corporal violada», 53 denuncias de malos tratos, 34 denuncias de abuso físico y tres denuncias de agresión y discriminación cometidas por agentes policiales. La PNC remitió 171 denuncias a la Fiscalía General de la República, disciplinó a 14 agentes de policía y destituyó a 12 agentes.

También informó que 10 víctimas registraron denuncias ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), alegando tortura o castigos crueles e inhumanos a manos de agentes de la PNC, y una víctima registró una denuncia del mismo trato cometido por miembros de las fuerzas armadas.

Al 16 de agosto de 2024, la PNC registró 23 denuncias de abuso sexual, 19 denuncias de violencia contra la mujer y 4 denuncias de abuso infantil presuntamente cometidos por la policía.

En junio, el gobierno informó que la Inspectoría General de Seguridad Pública investigaba 66 casos de presuntas violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad pública durante el estado de excepción, incluyendo 3 violaciones del derecho a la vida, 11 violaciones de la libertad personal y 9 violaciones de la seguridad personal. El mismo informe indicó que la Fiscalía General de la República inició 19 investigaciones por presuntos abusos de fuerza durante el estado de excepción.

En la sección 2, que trata sobre la libertad, el informe señala que la Constitución garantiza la libertad de expresión y de prensa; sin embargo, periodistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y figuras de la oposición criticaron el acoso en línea del gobierno a sus críticos y su retórica contra los periodistas.

Hasta agosto de 2024, el Centro de Monitoreo de Ataques a Periodistas de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) reportó 5 actos de intimidación en línea contra periodistas cometidos por funcionarios del gobierno y tres casos en los que funcionarios del gobierno emitieron amenazas de acciones legales contra periodistas.

En materia laboral, el Departamento de Estado señaló que la Carta Magna y las leyes avalan a los trabajadores a formar y afiliarse a sindicatos independientes, a negociar colectivamente en ciertos lugares de trabajo; sin embargo, se reportaron retrasos en la tramitación de las acreditaciones sindicales ante el Ministerio de Trabajo.

Sin acreditaciones, los sindicatos no podían participar en la negociación colectiva ni en las entidades tripartitas que regulan los asuntos laborales. Si el Ministerio de Trabajo denegaba la certificación de un sindicato, la ley prohibía cualquier intento de organización sindical hasta seis meses después de la denegación.

El informe señala que el derecho a huelga sigue restringido en el sector público y en servicios catalogados como “esenciales”, mientras que en los sectores como el agrícola y textil persisten las violaciones a las leyes salariales y seguridad laboral.

“El gobierno aplicó menos sanciones por violaciones de los derechos de negociación colectiva que en otras áreas, como las violaciones de los derechos civiles. Los procedimientos judiciales sufrieron demoras y apelaciones. Hasta junio, el país enfrentaba seis quejas activas ante la Organización Internacional del Trabajo por presuntas violaciones a la libertad sindical”, destacó el informe.

Un dato interesante del informe es que indica que el sector informal representaba casi el 75% de la economía, pero “el gobierno no aplicó la legislación laboral en este sector”.