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Redacción Nacionales
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El comunicador social y analista político, Franklin Martínez, advirtió que el actual ejercicio de poder en El Salvador atraviesa una fase de “tensión y ruptura” que podría profundizarse de cara a 2027, año que marcaría el inicio de un escenario de mayor confrontación institucional y social bajo la administración del presidente Nayib Bukele.
El analista sostuvo, en Encuentro con Julio Villagrán, que el discurso oficial basado en el temor al regreso de pandillas y corrupción forma parte de un “libreto político” orientado a consolidar apoyo electoral. “Hay que diferenciar entre marketing y política pública”, afirmó, al señalar que muchas de las acciones gubernamentales responden más a una estrategia comunicacional política electoral que a una planificación estructural de largo plazo.
Según su análisis, el oficialismo mantiene como principal activo político el tema de la seguridad, especialmente tras el régimen de excepción implementado para combatir a las pandillas. Sin embargo, advirtió que el uso constante del miedo como herramienta narrativa podría intensificarse en la medida que se acerquen nuevos procesos electorales. “Necesitan mantenerte atado al pasado, porque su activo es la seguridad, pero también el miedo y la incertidumbre”, expresó.
El analista argumentó que un gobierno que, según encuestas oficiales, goza de altos niveles de respaldo ciudadano no debería requerir —en teoría— mayores niveles de confrontación o control institucional. En ese sentido, cuestionó el papel que actualmente desempeñan entidades como la Fiscalía General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, instituciones que, a su juicio, han perdido capacidad de actuación independiente.
“Estamos viendo una concentración progresiva del poder. Cada vez hay menos contrapesos reales”, sostuvo, al señalar que las instituciones encargadas de garantizar derechos y fiscalizar al Ejecutivo han reducido su margen de acción.
También mencionó el rol de la Policía Nacional Civil de El Salvador y del Ejército de El Salvador, cuyo protagonismo en tareas de seguridad pública se ha incrementado durante el régimen de excepción. Desde su perspectiva, la utilización intensiva de los cuerpos de seguridad en el ámbito político podría profundizar la polarización y aumentar la presión social.
El análisis plantea que el país se encuentra en una tercera fase caracterizada por tensión creciente, la cual podría evolucionar hacia una etapa de mayor ruptura institucional si no se generan mecanismos de apertura democrática. “Sostenerse va a requerir más propaganda, más represión y más sometimiento institucional”, advirtió. La primera fase fue la acumulación, la segunda de la consolidación, en la que se hizo del poder total.
En este contexto, identificó cuatro factores que, según su lectura, podrían incidir en el mediano plazo. El primero es la construcción de una “unidad de país” que abra espacios al disenso y promueva la transparencia en la toma de decisiones públicas. Para ello, consideró fundamental fortalecer el debate político y garantizar el acceso a la información.
El segundo factor es la organización territorial. A su juicio, la oposición o los sectores críticos no deben limitarse a la discusión en redes sociales, sino que deben trasladar el debate a las comunidades. “No hay que quedarse solo en lo digital; hay que ir al territorio”, afirmó, al destacar que los cambios sociales se gestan en el contacto directo con la ciudadanía.
El tercer elemento señalado es la comunicación. El analista sostuvo que existe una “burbuja propagandística” que domina el espacio público y que limita la circulación de visiones alternativas. Romper ese cerco informativo, dijo, sería clave para ampliar el debate nacional y contrarrestar lo que calificó como desinformación y manipulación.
Finalmente, el cuarto factor tiene que ver con la construcción de propuestas de futuro. Según su planteamiento, un proyecto político que depende principalmente de la narrativa de seguridad y del contraste con el pasado corre el riesgo de agotarse si no presenta soluciones estructurales en áreas como economía, empleo y desarrollo social.
Aunque reconoció que la lucha contra las pandillas ha generado respaldo significativo, advirtió que los procesos políticos son dinámicos y que las crisis pueden emerger cuando se concentran excesivamente las decisiones en un solo núcleo de poder. “Los niveles de tensión ya están empezando a notarse”, afirmó.
El debate sobre el rumbo político del país se intensifica así en un contexto donde el oficialismo mantiene una fuerte popularidad, pero también enfrenta cuestionamientos.
De cara a 2027, las interpretaciones sobre el futuro institucional de El Salvador comienzan a delinearse entre quienes ven consolidación del modelo actual y quienes anticipan escenarios de mayor confrontación.
Mientras tanto, el país continúa transitando una etapa marcada por profundas transformaciones en materia de seguridad y gobernabilidad, cuyo desenlace dependerá tanto de las decisiones del Ejecutivo como de la capacidad de los distintos actores sociales y políticos para incidir en el debate público, manifestó el analista.
