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Por: Nelson de Jesús Quintanilla Gómez
Sociólogo y Profesor Universitario en la FMOtal
El pasado 16 de enero se cumplieron 34 años de la firma de los Acuerdos de Paz, con los cuales se puso fin a doce años de guerra civil en El Salvador. Este acontecimiento constituye uno de los momentos más trascendentales de la historia nacional, pues permitió desmontar un régimen militar autoritario e iniciar la construcción de un Estado democrático.
Tradicionalmente, esta fecha ha sido conmemorada por el FMLN y amplios sectores del pueblo salvadoreño. Sin embargo, tanto ARENA como el actual gobierno han optado por ignorar o deslegitimar este hecho histórico, intentando borrar su significado del imaginario colectivo, lo cual resulta no solo inútil, sino profundamente irresponsable.
Desde 2019, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha rechazado públicamente el valor histórico de los Acuerdos de Paz, calificándolos incluso como una “farsa”. Paradójicamente, esa supuesta farsa es la que permitió la apertura democrática que hoy hace posible su ejercicio del poder.
En los últimos siete años, el Estado salvadoreño no ha realizado actos oficiales de conmemoración, lo que evidencia una política sistemática de negación histórica. Este hecho se refuerza cuando, pese a que la Asamblea Legislativa declaró en 2022 el 16 de enero como Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado, no se ha organizado ningún acto público en su honor.
Este comportamiento confirma un retroceso democrático del país expresado en:
- Militarización de la seguridad pública y de la educación.
- Criminalización de la protesta social y de defensores de derechos humanos.
- Uso prolongado del estado de excepción como mecanismo de control político.
- Irrespeto al debido proceso judicial.
Todo ello contradice los principios fundamentales surgidos de los Acuerdos de Paz. Y son los hechos mas evidentes del desprecio del Gobierno actual de un hecho histórico como es la firma los acuerdos de paz.
Organizaciones como Cristosal han señalado que los Acuerdos de Paz siguen vivos en la memoria de las víctimas y de las comunidades afectadas por la guerra, pese a los intentos de negación y manipulación histórica del gobierno de Bukele (Cristosal, 2025).
La población de El Mozote en el departamento de Morazan, por ejemplo, no olvida la masacre de 1981, donde fueron asesinados principalmente niños, mujeres y ancianos. Este crimen, junto con los de Sumpul, Las Hojas, El Calabozo, El Junquillo, La Guacamaya, Sisiguayo y Copapayo, forman parte de una deuda histórica que el Estado aún no ha saldado.
La guerra civil dejó más de 75,000 muertos, alrededor de 8,000 desaparecidos y cientos de masacres, producto de la injusticia social, la desigualdad, la represión militar y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, detonadas tras el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero en 1980.
A 34 años de la firma de los Acuerdos de Paz, emergen signos de esperanza en materia de justicia. En junio de 2025, una corte salvadoreña condenó a tres altos mandos militares retirados por el asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1982. Asimismo, en diciembre de 2025 se elevó a juicio el proceso contra doce altos mandos militares por crímenes de lesa humanidad, incluyendo la masacre de El Mozote, considerada una de las más grandes de América Latina en el siglo XX (Swissinfo, 2026).
Estos avances, aunque insuficientes, representan pasos importantes en la lucha contra la impunidad. De igual forma, se espera que se haga justicia con los presos y perseguidos políticos que ya son muchos, por el bien de la democracia, de la estabilidad de la familia y de las personas mismas no debe seguirse el guion de apresar a nadie por diferencias políticas.
Los Acuerdos de Paz permitieron desmontar más de seis décadas de dictadura militar y redefinir el papel de la Fuerza Armada como una institución profesional, obediente, apolítica y no deliberante. También se suprimieron cuerpos represivos, se prohibieron estructuras paramilitares y se eliminó el reclutamiento forzoso.
Asimismo, se crearon instituciones clave como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil, el Tribunal Supremo Electoral, el Consejo Nacional de la Judicatura y la Junta de Vigilancia Electoral, aunque hoy muchas de ellas enfrentan un serio deterioro de su independencia.
En el ámbito social y económico, los cambios fueron limitados: acceso a tierras, créditos productivos, apoyo a la microempresa y creación de espacios de concertación social. Sin embargo, muchas de estas iniciativas quedaron inconclusas, convirtiéndose en promesas no cumplidas de la posguerra.
Uno de los logros más importantes fue la transformación del FMLN de ejército guerrillero en partido político legal, permitiendo la apertura democrática a la izquierda y ampliando la participación política. En ese mismo espacio democrático se formó políticamente el actual presidente de la República que hoy niega la historia y falla su memoria histórica al no conmemorar dicho hecho histórico.
A 34 años de la firma de los Acuerdos de Paz, el actual gobierno ha reprobado la asignatura histórica de la memoria, la democracia y la reconciliación. Negar los Acuerdos no elimina su legado, pero sí evidencia una profunda incomprensión del proceso histórico que permitió la paz y la participación política en El Salvador.
La lucha por la justicia, la memoria y la democracia sigue siendo una tarea pendiente del pueblo salvadoreño. En este nuevo contexto no será fácil, pero en algún momento hay que romper el miedo y derrotar el autoritarismo que no beneficia a las mayorías del pueblo salvadoreño. En los procesos electorales venideros se puede avanzar un poco para restarle poder al régimen actual, pero la unidad de las fuerzas de izquierda y progresistas se vuelve necesaria e indispensable para alcanzar dichos propósitos en estos momentos difíciles.
Referencias
Cristosal. (2025). Comunicado sobre la memoria histórica y los Acuerdos de Paz.
Swissinfo. (2026). El Salvador juzga a altos mandos militares por crímenes de lesa humanidad.
