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Rebeca Henríquez
Colaboradora
@DiarioCoLatino
El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), presentó el informe: “Violaciones a derechos humanos ocurridas durante el Régimen de Excepción en 2022” basado en datos de la Policía Nacional Civil (PNC) y organizaciones de DDHH.
El pasado 25 de marzo el presidente Nayib Bukele solicitó al Órgano Legislativo la aprobación del Régimen de Excepción y estado de emergencia en la región salvadoreña a causa de la ola de violencia que dejó 87 víctimas. El 30 de marzo el pleno legislativo aprobó reformas al Código Penal y a la Ley de Prescripción de Pandillas, posterior a ello el paquete de reformas al Código Penal, Procesal Penal y Ley Juvenil y el 19 de abril y el 25 de mayo los legisladores afines al gobierno aprobaron la primera y segunda ampliación del régimen de excepción.
Bajo el contexto del Estado de Excepción, 30 mil personas fueron arrestadas, con un promedio diario de 504, entre ellos 1080 niñas, niños y adolescentes del cual se registraron 338 denuncias de violaciones a los DDHH el primer mes, según fuentes oficiales del OUDH. Agregado a ello 340 víctimas identificadas por la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos de El Salvador, más 153 víctimas reconocidas a través del monitoreo de medios.
Según el Observatorio, bajo el análisis jurídico desarrollado, la emisión del régimen ha vulnerado distintos principios del derecho internacional de los derechos humanos, entre ellos el de necesidad, amenaza excepcional, el principio de proporcionalidad y el de intangibilidad de ciertos DDHH”, señaló Danilo Flores, coordinador general del OUDH.
“El Estado en ningún momento demostró que no era capaz de enfrentar la situación de inseguridad pública que se vivió como resultado del repunte de homicidios a partir de los mecanismos legales e institucionales, normales y ordinarios con los que cuenta”, destacó Flores.
Asimismo, aseveró que, el proyecto de ley de régimen de excepción presentado por el Ejecutivo, el decreto aprobado por la Asamblea y los sucesos acontecidos en la sesión plenaria extraordinaria son suficientes para respaldar que los mecanismos legales ordinarios eran insuficientes para combatir la criminalidad.
El observatorio recalcó que se violó el art. 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos el cual estipula que existen derechos, junto a garantías judiciales, que no pueden ser suspendidas aún cuando se trata de Régimen de Excepción.
“En la actualidad, también cuestionamos las prórrogas que se han emitido al régimen de excepción, desde nuestra perspectiva no existen las circunstancias graves perturbaciones que fueron alegadas al momento de ser emitidas”, dijo el OUDH.
El Observatorio aseguró que la Dirección General de Centros Penales obstaculiza la labor de la PDDH referente a la vigilancia de los privados de libertad, y además, detalló que 5 personas fallecieron en su detención a causa de la fuerza física, más 12 identificadas a través de medios de comunicación.
El hacinamiento carcelario es un aspecto que también se ha visto expuesto durante el estado de emergencia, debido a que su porcentaje se disparó a un 232% algo que tiene contraste con la sobrepoblación que ya existía en las cárceles antes del régimen del 119%. La población carcelaria se extendió de 30 mil a 71 mil personas.
“El Régimen de Excepción vulnera los principios de necesidad, de amenaza excepcional, de proporcionalidad y de intangibilidad de ciertos derechos humanos, ya que el Estado no ha demostrado que los medios institucionales y legales son insuficientes para resolver la situación de violencia”, recalcó el OUDH. Recomendó a la Asamblea Legislativa dejar sin efecto el estado de emergencia y restituir las garantías procesales y derechos fundamentales.
