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Por David Alfaro
¿Qué pasa cuando miles de jóvenes quedan marcados como delincuentes sin debido proceso? ¿Cómo impacta eso la economía, el tejido social y el futuro del país?
El régimen de excepción se ha presentado como la gran solución para erradicar la violencia de las pandillas. Con más de 87,000 detenidos, en su mayoría jóvenes de comunidades empobrecidas, la dictadura de #Bukele ha instalado la idea de que El Salvador es hoy un país más seguro. Sin embargo, detrás de esa narrativa hay una realidad poco discutida: miles han sido arrestados sin pruebas, sin defensa efectiva y sin posibilidad de limpiar su nombre. Cientos de ellos han muerto por hambre, sed, falta de atención médica y torturas.
¿Qué ocurre cuando un Estado etiqueta a toda una generación como criminal? Las consecuencias no están sólo presentes hoy, también serán futuras en lo económico, social y humano, eso durante décadas.
* Un futuro hipotecado: jóvenes sin oportunidades
Imaginen a un joven de 20 años en un barrio popular. Lo capturan en una redada sin pruebas. Pasa meses preso y, cuando sale, si es que sale, regresa a una vida que ya no es la misma.
Aunque no tenga antecedentes formales, el estigma queda. En su comunidad y en el mercado laboral pesa más haber estado detenido que cualquier constancia de inocencia.
Muchos perdieron estudios o empleo durante la detención. Y al salir no existe un sistema real de reinserción educativa ni laboral.
El resultado es previsible: una generación con acceso limitado a trabajo formal, crédito y seguridad social, atrapada en el círculo de la exclusión.
* Un tejido social fracturado
El régimen no solo encarceló pandilleros. También trabajadores, estudiantes y personas sin vínculos criminales.
El impacto familiar ha sido profundo: hogares incompletos, economías domésticas colapsadas y comunidades enteras paralizadas por el miedo.
La desconfianza se ha desplazado. Antes el temor venía de las pandillas; hoy muchos temen a la dictadura y a la arbitrariedad de una captura.
Además, la detención de trabajadores y profesionales ha dejado vacíos en distintos sectores. A esto se suma una sociedad cada vez más polarizada: unos celebran la mano dura, otros cargan el costo humano de esa política.
* Migración bloqueada: el encierro sin salida
Históricamente, emigrar fue la válvula de escape frente a la violencia o la falta de oportunidades. Hoy ese camino también se ha estrechado.
Con políticas migratorias mucho más restrictivas en los Estados Unidos de Donald Trump, la posibilidad de irse ya no es una opción real para la mayoría.
Eso cambia el escenario: miles de jóvenes estigmatizados, sin empleo y sin posibilidad de migrar quedan atrapados dentro del país, acumulando frustración social y presión económica interna.
Ya no se trata de una ola migratoria que drena el problema, sino de una población contenida sin mecanismos de integración.
* Esto es una bomba de tiempo
El régimen de excepción ha transformado la realidad inmediata del país, pero la pregunta de fondo sigue abierta: ¿a qué costo y por cuánto tiempo?
A mediano y largo plazo podría emerger una crisis más compleja: jóvenes sin futuro laboral, familias quebradas, comunidades resentidas y una confianza institucional cada vez más deteriorada.
La seguridad basada en detenciones masivas puede ofrecer resultados visibles en el corto plazo. Pero si no va acompañada de justicia, reinserción y oportunidades, el precio será una sociedad fracturada… y una generación entera viviendo las consecuencias.
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