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Oscar A. Fernández O.
El día jueves catorce de julio de 2016 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, realiza otro acto de desestabilización contra la institucionalidad salvadoreña, que funciona a pesar de los intentos de la oligarquía de hacer fracasar al Estado y con ello del Gobierno actual. Esta clase económica ha detentado el poder por más de dos siglos, apelando incluso a dictaduras sangrientas que se han cobrado centenares de miles de vidas.
Esta razón de haber perdido el control del Gobierno del Estado y otras instituciones del Estado, hacen que la oligarquía use a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional como arma desestabilizadora contra todo aquello que esté conducido por el FMLN y aliados progresistas anti-oligárquicos.
Si se logra destruir lo que hasta hoy ha construido el gobierno del FMLN y aliados, se rompe el consenso social y se revierten los Acuerdos de Paz firmados hace veinticinco años, volveríamos a la instauración del fascismo, representado en el poder económico político ultraderechista.
Boaventura Dos Santos nos advierte al respecto: A diferencia de la Dictadura anterior, el fascismo actual no es un régimen político. Es más bien un régimen social y civilizador. En lugar de sacrificar la democracia a las exigencias del capitalismo, trivializa la democracia hasta el punto que ya resulta innecesario, ni siquiera conveniente, sacrificar la democracia a fin de promocionar el capitalismo”. Estamos entrando en un período en el que los sectores sociales y órganos de poder fascistas, se infiltran y se fortalecen dentro de los Estados democráticos.
El Poder Judicial es “contra mayoritario”: y supervisor de la constitucionalidad de los actos de los poderes elegidos por voluntad popular. Desde siempre, su debilidad fue la carencia de origen democrático (…) Los jueces no garantizan el proceso democrático porque, no siendo representantes del pueblo y siendo muy estables en sus cargos, dudosamente resolverían a favor de sus intereses. En el caso que nos asedia, las acciones de la máxima magistratura, escogida y nombrada por la Asamblea Legislativa, se vuelven ferozmente contra ella y por lo tanto contra el pueblo salvadoreño.
El Poder Judicial salvadoreño creció por completo apartado de los intereses populares, más aún que su ejemplo estadounidense. Así conformó una corporación aristocrática acompañante, sirviente y beneficiaria del poder real, ejerciendo el rol que le imprimieron origen, estructura y normas procesales.
El Poder Judicial justifica todas las acciones anti-democráticas que pisotean la Constitución y les permite exhibir una pátina de republicanismo, con un “Poder Judicial independiente”. Ahora los poderes reales le piden al (poder judicial) más. Debe utilizar su poder “contra mayoritario” respecto de cualquier reglamento, decisión, decreto o ley que roce la libertad absoluta de expoliación del capital.
En este sentido, el Derecho en El Salvador está siendo codificado partiendo de los intereses de una oligarquía burguesa y los grupos afines a ella, en un contexto donde se les ha logrado desplazar en buena parte del control del Estado, por condiciones inherentes al proceso de avance de una sociedad que ha decidido transformarse.
El Derecho se ha convertido, frente a esta desventaja, en un campo social en el cual sus operadores configuran realidades sociales de acuerdo con sus propios términos y racionalidades (Bordieu, 1997), simplificando la complejidad social a un código básico que se reduce al binomio “constitucional-inconstitucional”. Es decir, amoldado a los intereses de la oligarquía.
Así, mediante la formalización a través del Derecho, las respuestas a los conflictos de poder han adquirido un aura de legitimidad y neutralidad, dotándose de respuestas normativas que pretenden garantizar la solución “no arbitraria” de los conflictos sociales. Este sería el caso de sentencias tan dudosas en esencia y forma, como las dictadas por cuatro de los jueces que conforman la hoy tristemente célebre “Sala de lo Constitucional” de la Corte Suprema de Justicia, que siempre se conoció por su genuflexa obediencia a los ricos.
Esta vez, haber señalado inconstitucional el ejercicio de los Diputados suplentes en pleno ejercicio de las funciones parlamentarias, cuando pudo haberlo hecho en las próximas elecciones legislativas, así como expresar la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, firmada durante los acuerdos de Paz, después de veinticinco años de haber encubierto a una Dictadura militar asesina, es realmente la cumbre de una conspiración con el disfraz de legalidad.
Queda claro entonces, que el efecto de universalización es uno de los mecanismos aplicados por los más poderosos, a través del cual se ejerce la dominación simbólica y la imposición legitimada de un orden social. Tanto es así, que las últimas resoluciones de la infausta “sala” pretenden desbaratar el Estado allanando el terreno para la constitución de un poder que sólo sirva a determinados intereses, al mismo tiempo que prácticamente se “criminaliza” la disidencia y la política. Es aquí donde el Derecho instrumentaliza el poder, encubriéndolo y diluyéndolo; justificándolo y convirtiéndolo en “orden” social y político.
Así mismo, como todos los mecanismos de poder están acompañados de ideología, las verdades “incuestionables” de la “sala” se transforman en función de los intereses de poder oligárquicos y en los discursos que predican. Entonces, las Leyes y el Derecho se reconfiguran según el sistema político del que forman parte, generando mecanismos de poder adaptados a la ideología dominante, en función del momento histórico y sus circunstancias.
Visto desde otro ángulo, “la sala” y sus fanáticos, pretenden a partir de la lógica y los métodos que hemos tratado de explicar arriba, la caída del gobierno conducido por el FMLN desde el 2009. Colocándonos, sin asomo de duda ante un intento de nuevo tipo de Golpe de Estado. Lo que ya no pueden lograr con los militares y han intentado hacer con la economía, ahora quieren hacerlo a través de un golpe de Estado técnico con el uso del Poder Judicial, estrategia que se viene ensayando en otros países latinoamericanos.
El quebrantamiento del orden constitucional que ha promovido “la sala”, viola las normas de derecho constitucional. Con el quiebre del Poder Legislativo como se pretende, se vulnera la seguridad jurídica. Si se sigue el procedimiento que marca el mandato constitucional previsto para el reemplazo de los representantes y funcionarios de los órganos del Estado, la resolución de “la sala”, en contra, quiebra ese orden constitucional.
La doctrina burguesa jurídico-política consta de dos grandes apartados: la doctrina del Estado de derecho y la doctrina de la separación de los tres poderes del Estado. Hoy, fuera de aquel ambiente en el que se creó, la separación de poderes ha dejado ya de ser un principio jurídico-constitucional preciso para convertirse en una leyenda, en un mito en el que es difícil discernir lo que es realidad histórica, de lo que es mera fantasía.
Así las cosas, hoy no son los partidos políticos ni los militares los que están atentando contra el Estado, es el poder judicial de la República el que pretende convalidar una nueva forma de golpe de Estado. Si la Justicia se pervierte, se prostituye y deja de cumplir sus funciones, se está haciendo tambalear los propios fundamentos del Estado. Es aquí, en las acciones directas, dónde se debe dar la lucha antifascista. Desenmascarar la construcción de ese relato de la democracia fascista y generar un relato real y fidedigno de los hechos, comprensible y asumible por la mayoría de la población es tarea principal del movimiento popular.
