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Por Leonel Herrera*
La semana pasada fue el tercer aniversario del asalto político a la Asamblea Legislativa perpetrado el 9 de febrero de 2020: el fallido golpe presidencial contra el Parlamento cuando éste aún estaba controlado por la oposición. Acompañado de militares y policías, Nayib Bukele irrumpió en el salón plenario y usurpó el lugar del presidente legislativo, confirmando su estilo autoritario y augurando el desmontaje institucional que se vendría en los siguientes meses y años.
En aquel día fatídico para la democracia, el mayor de los hermanos Bukele Ortez le mostró más claramente al país y al mundo que no tiene una perspectiva democrática y mostró su verdadero rostro como gobernante autocrático, confrontativo y con rasgos dictatoriales. La imagen de presidente vanguardista y “cool” se vio empañada con escenas que evocan al pasado autoritario del país.
La fecha pasó desapercibida hasta para las organizaciones de la sociedad civil y fue totalmente ignorada por la población en general que aún permanece adormecida por la propaganda gubernamental y está más afanada en la sobrevivencia diaria que resulta cada vez más difícil debido a la imparable subida de los precios de los alimentos, medicinas, vivienda, transporte, ropa, servicios básicos, etc.
El 9F Bukele quería cerrar la Asamblea o destituir a los diputados a quienes llamó “sinvergüenzas y corruptos”, pero -según dijo- Dios le habló y le pidió que tuviera paciencia. Por eso pospuso el golpe para darlo “democráticamente” un año después, cuando su partido Nuevas Ideas obtuvo la mayoría absoluta para desatar un golpe en cadena iniciado el mismo día que se instaló la nueva legislatura. El 1o de mayo de 2021 el mandatario autócrata tenía el poder total para dar todos los golpes que quisiera.
Así, en vez de aprobar la reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más” o desprivatizar las pensiones, sus diputados dieron un golpe judicial destituyendo en forma fulminante a los magistrados de la Sala Constitucional y al Fiscal General, golpe que se completó después con la “jubilación obligatoria” de los jueces mayores de 60 años o que tuvieran más de 30 años de servicio. Con la toma del Sistema Judicial, el bukelismo pasó a controlar los tres poderes del Estado.
En una especie de golpe continuado, la mayoría oficialista ha venido desmontando marcos legales existentes y creando la “legalidad alternativa” que el régimen de Bukele necesita: reformando las leyes de Acceso a la Información pública, Telecomunicaciones, Escuchas Telefónicas, Códigos Penal y Procesal Penal, entre otras; y aprobando nuevas normativas como la “Ley Alabí”, la Ley de Compras Pública que sustituyó a la LACAP y otras que permitan la opacidad, intransparencia y falta de rendición de cuentas que caracterizan al actual gobierno,
En medio de todos estos golpes, se está gestando uno aún más peligroso: la derogación de la Ley Prohibitiva de la Minería Metálica, aprobada por unanimidad el 29 de marzo de 2017 como resultado de un amplio consenso nacional sobre la inviabilidad socioambiental de esa industria extractiva en el país debido a la estrechez territorial, la alta densidad poblacional y el grave deterioro ecológico, sobre todo de los bienes hídricos.
Este golpe sería más letal que todos los perpetrados hasta ahora, ya que afectaría grave e irreversiblemente los ecosistemas, el agua, la biodiversidad, la agricultura, la salud y la continuidad de la vida misma. La sobrevivencia nacional estaría en grave peligro si la población permite que este gobierno anule la prohibición y autorice hacer minería en la zona norte del país que es, prácticamente, la cuenca del Río Lempa, el principal afluente nacional.
Por todo esto no hay que olvidar el 9F, pues ahí empezó la cadena interminable de sucesivos golpes. Pero el recordatorio no debe ser pasivo, sino activo; es decir, no recordar simplemente, sino recordar para actuar en el sentido de revertir golpes consumados y evitar la perpetración de nuevos golpes, sobre todo evitar que este gobierno quite la prohibición de la explotación minera porque está en juego el valor finalmente más preciado: la vida.
Este golpe ha empezado ya con la captura y el proceso judicial arbitrario e injusto contra los líderes comunitarios y defensores ambientales de Santa Marta y ADES, en Cabañas. Por eso, para evitar que el golpe de la reactivación de la minería metálica se consuma, es urgente liberar a estos defensores ambientales y luchadores sociales.
*Periodista y activista social.
