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Gloria Silvia Orellana
@GloriaColatino
“Este día hemos venido a la Fiscalía General de la República (FGR) a poner una aviso al Fiscal General (Raúl Melara), respecto al caso Récord, y la investigación que tiene que seguir por el incendio el pasado 2 de agosto y también del proceso judicial y dar seguimiento a la responsabilidad de los dueños de la fábrica, la familia Lacayo, prófugos de la justicia que nunca fueron traídos al país para ser juzgados “, dijo Alejandro Díaz, de Tutela Legal” Dra. María Julia Hernández “.
La demanda se interpone a 13 años del cierre de la fábrica Récord, luego que se comprobase que contamina a las comunidades de la zona del Sitio del Niño en San Juan Opico, La Libertad.
A solo un kilómetro de distancia de las instalaciones de Baterías Récord de El Salvador, las comunidades se vieron amenazadas por el voraz incendio del pasado 2 de agosto, del cual se percataron ante el ardor en sus ojos e irritación en la garganta por las emanaciones que provocaron las voraces llamas.
“No se han hecho responsables de ese delito frente a la población, y principalmente el retiro de la escoria y ceniza que sobrepasa las 30 toneladas de plomo. El Gobierno no se ha hecho responsable para retirar todo ese material tóxico que está abandonado y está contaminando el Sitio del Niño, especialmente a la niñez de las comunidades cercanas. Por eso venimos aquí a la fiscalía para que se continúe con esa investigación y se explique también, porqué nunca se extraditaron a los culpables de esa contaminación que es la familia Lacayo”, expresó Díaz.
Asimismo, esperan un debido proceso a los funcionarios del Estado salvadoreño, que fueron, según Díaz, “cómplices de la contaminación” de este está fábrica de baterías de vehículos.
“Se tiene que evaluar los daños que han causado en contra de personas que habitan en Sitio del Niño.
Ya entregamos la nota y ahora esperamos una respuesta por parte de la Fiscalía General de la República, ante todas esas negligencias y la situación de impunidad en que se encuentran el caso de Baterías de El Salvador “, manifestó.
Este caso inició con las primeras denuncias de las comunidades en 1998, sin que la Fiscalía General de la República (FGR) decidiera abrir investigaciones. Fue hasta el 2007 que abogados de Tutela Legal se presentaron como representantes legales de las víctimas ante la FGR, denunciar la responsabilidad de la familia Lacayo, propietarios de la fábrica Récord, pero fue hasta el año 2008, que abrió el expediente y proceso judicial.
