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Por: Luis Rafael Moreira Flores
Colaborador
El pasado 14 de marzo, la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador (UES) se convirtió en el epicentro de uno de los debates más urgentes para la sociedad salvadoreña. Bajo el auspicio de la Cátedra Permanente de Estudios de la Realidad Nacional e Internacional, se analizaron las propuestas de reforma previsional impulsadas por dos de las organizaciones con mayor trayectoria en la defensa de los derechos de los trabajadores: el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular y la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna.
El debate, que contó con las ponencias magistrales de los expertos César Villalona y Patricio Pineda, dejó clara una premisa fundamental: el sistema actual, heredado de la privatización de 1998, ha colapsado social y financieramente.
La «estafa histórica» y el retorno a lo público
César Villalona, en representación del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, fue tajante al calificar los últimos 28 años como una «crónica de una promesa incumplida». El sistema de las AFP, diseñado bajo la premisa de que el ahorro individual garantizaría mejores beneficios, ha fallado en sus seis pilares fundamentales: cobertura, dignidad, rendimientos, desarrollo, sostenibilidad y ahorro real.
Villalona señaló que la cobertura se ha estancado en un raquítico 27.7% de la Población Económicamente Activa (PEA). “La promesa de ampliar la cobertura no se cumplió”, sentenció. Con salarios promedio que apenas rozan los $422.00 la mayoría de los trabajadores están condenados a una pensión mínima que no cubre el costo de la vida urbana. Ante esto, la propuesta del Bloque se centra en una ruptura estructural: eliminar las AFP y crear un Sistema Público Solidario administrado por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).
Esta visión propone elevar la pensión mínima a $430.00 —un aumento del 41%— y reducir drásticamente las comisiones administrativas del 6.25% al 1.25%, eliminando el lucro privado que ha generado utilidades netas de casi $500.00 millones para las administradoras a costa de las costillas de los trabajadores.
La vía del sistema mixto
Por otro lado, Patricio Pineda, representando a la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, presentó una propuesta técnica que busca devolver el «rostro humano» a la seguridad social sin recurrir a medidas impopulares como el aumento de la edad de jubilación. Su enfoque se basa en un sistema mixto que combina el pilar solidario con el ahorro individual para maximizar los beneficios.
La propuesta de Pineda se resume en 10 puntos clave que buscan transformar la realidad del pensionado salvadoreño:
- Mejora del monto: Implementación de dos aportes para que el jubilado reciba más dinero mensualmente.
- Reducción del déficit: Disminución del pasivo previsional de $16 mil millones a $11 mil millones mediante ingeniería financiera.
- Superávit financiero: Proyección de flujos positivos para los próximos 15 años, frenando el endeudamiento estatal.
- Blindaje del fondo: Reconfigurar la Cuenta de Garantía Solidaria para que deje de ser una caja de financiamiento estatal y se convierta en un escudo protector del cotizante.
- Respaldo familiar: El pilar solidario absorbería los riesgos de invalidez y muerte, protegiendo a los dependientes.
- Equidad en el cálculo: Eliminación de la brecha entre trabajadores «optados» y «obligados» mediante una fórmula de cálculo idéntica.
- Tasa de reemplazo al 60%: Un salto histórico desde el actual 33%, permitiendo que el jubilado reciba una parte justa de su último salario.
- Beneficio combinado del 85%: La integración estratégica de los pilares podría permitir que algunos sectores alcancen hasta un 85% de su ingreso histórico.
- Piso de dignidad de $400.00: Establecer este monto como la pensión mínima universal para cubrir alimentos y servicios básicos.
- Efecto retroactivo: Aplicar estas mejoras incluso a quienes ya se jubilaron bajo la reforma de 2022.
¿Quién paga la cuenta?
Ambos ponentes coincidieron en un punto crítico: no hay reforma de pensiones sostenible sin una reforma fiscal progresiva. El Estado salvadoreño arrastra una deuda previsional que supera los $11,241 millones (creciendo). Villalona advirtió que para sostener cualquier sistema digno es imperativo que «quienes tienen más, paguen más», proponiendo un abono inmediato a la deuda de $800 millones en el primer año.
Esta visión fue respaldada por Alfonso Goitia, quien cerró su intervención subrayando que estos acuerdos son fundamentales para el avance del país. Para Goitia, la movilización del próximo Primero de Mayo será crucial para posicionar el tema de las pensiones como la prioridad número uno en la agenda nacional.
Un pacto social impostergable
El debate en la UES dejó en claro que la sociedad civil organizada ya no está dispuesta a aceptar «parches» legislativos que solo prolongan la agonía del sistema. Mientras el Bloque de Resistencia apuesta por la nacionalización total para erradicar el lucro, la Mesa de Trabajo propone una transición técnica hacia un modelo mixto de alta eficiencia.
A pesar de sus diferencias de matiz, ambas propuestas convergen en que la pensión debe dejar de ser un instrumento de mercado para convertirse en un derecho humano inalienable. El éxito de estas iniciativas dependerá de la voluntad política para enfrentar al poder financiero y priorizar el bienestar de los adultos mayores sobre el equilibrio fiscal dictado por organismos internacionales.
La pregunta que queda flotando tras el foro es: ¿Estará el Estado a la altura de las demandas de su clase trabajadora, o continuará extendiendo la «estafa histórica» que ha condenado a miles a la pobreza en el otoño de sus vidas? El camino hacia la dignidad previsional ya tiene mapas trazados; ahora solo falta la voluntad de recorrerlo.
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