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Guatemala / Prensa Latina
El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, pidió hoy al Congreso aprobar un nuevo estado de sitio, esta vez para los municipios vecinos de Nahualá y Santa María Ixtahuacán, en el departamento de Sololá.
Al término del habitual gabinete de gobierno, Morales explicó en conferencia de prensa que la medida responde a los últimos enfrentamientos entre pobladores de esa zona en conflicto por tierras, el pasado 17 de septiembre, y que dejó cuatro fallecidos y 12 heridos.
A juicio del jefe de Estado, de esta forma se evitarían ‘enfrentamientos masivos’, por lo que espera en los próximos días el visto bueno del Legislativo, al que también solicitó ayuda para definir los límites territoriales en disputa.
La solicitud era esperada y de concretarse, esos dos municipios de Sololá se sumarían a los 22 que ya permanecen en estado de sitio desde el 4 de septiembre, con el presunto fin de aclarar la muerte violenta de tres soldados que corroboraban un posible desembarco de droga en áreas de la comunidad Semuy II, en El Estor, Izabal.
Hasta la fecha, no se sabe con precisión qué pasó ese día, pero Morales dejó entrever hoy que la restricción de derechos constitucionales podría extenderse más allá del mes acordado.
El mandatario también aseguró que pedirá al Ministerio Público la investigación de supuestos vínculos entre grupos sociales y el narcotráfico.
‘Nos interesa saber si hay personas que se están escudando en banderas de supuesta defensa de derechos para ser financiados por el narcotráfico’, puntualizó.
Sin embargo, desde la imposición del estado de sitio estos colectivos han denunciado que se trata de restringir su movilidad y la defensa que hacen de causas a favor de los pobladores de zonas en conflicto con empresas mineras y productoras de palma africana.
Asimismo, una forma de perseguirlos y criminalizarlos por su lucha a favor de poblaciones que han sido excluidas de sus tierras en beneficio de trasnacionales, principalmente en el explosivo municipio El Estor.
De acuerdo con el ministro de Defensa, Luis Miguel Ralda, en menos de un mes localizaron cuatro narcolaboratorios y 1,5 millones de plantas de coca en esa región, y siguen apareciendo supuestas pistas clandestinas para el traslado de ilícitos.
Se insiste en presentar a defensores como narcotraficantes, pero nada se dice, apuntan analistas, del abandono del Estado en esos territorios, donde educación y salud, por citar dos derechos básicos, les han sido negados por siglos.
