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Por Martin Hacthoun
Buenos Aires/PL
Dos exjueces están hoy sentados en el banquillo de los acusados en la megacausa por crímenes de lesa humanidad en Santiago del Estero, la tercera que se ventila en el Tribunal Federal de esa provincia argentina.
Desde hace una semana en la capital provincial homónima se lleva adelante el caso en el cual, por primera vez, se juzga a civiles señalados por testigos como cómplices de la última dictadura cívico-militar (1976-1983).
Santiago Olmedo y Arturo Liendo fueron jueces hace unos años y hoy se encuentran procesados por delitos de lesa humanidad en lo que el tribunal calificó de piedra basal de la impunidad al referirse a su desempeño durante la oscura época de terrorismo de Estado que vivió el país.
Además, con ellos enfrenta el juicio oral el empresario Raúl Humberto Silva, apoderado de una empresa constructora, quien durante aquella época fue empleado del Ministerio de Bienestar Social de la provincia y está acusado de participar junto a policías del secuestro de un militante revolucionario en 1975.
En el juicio se tratarán los casos de 34 víctimas que padecieron delitos de violación de su domicilio, privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, homicidios y, en un caso, abuso sexual.
Pero como nunca antes una causa de este tipo afronta una directa campaña de deslegitimación con ataques mediáticos, señala en un comentario la Agencia Paco Urondo (APU).
En las primeras vistas, Olmedo apareció por primera vez para sentarse junto a otros imputados que, en total, conforman 14 entre expolicías, militares y civiles.
Además, de los tres civiles mencionados están siendo procesados Jorge D’Amico, Musa Azar, Juan Felipe Bustamante, Tomás Garbi, Ramiro López, Ramón Warfi Herrera, Eduardo Bautista Baudano, Cayetano Fiorini, Dido Isauro Andrada, Pedro Ledesma y Roberto Díaz.
Esta megacausa es la tercera que se realiza en Santiago del Estero y es el cuarto juicio allí por delitos de lesa humanidad.
En este caso, la particularidad es la presencia de civiles, lo que motivó a dilataciones de parte de la defensa de los imputados para retrasar el inicio de las audiencias, indica la APU.
Para la titular del Ministerio Público Fiscal, Indiana Garzón, durante los 14 años que costó llegar a esta instancia se contribuyó a ‘sembrar lagunas de impunidad’ frente a la ‘fragmentación de causas’.
Incluso, en días previos al juicio, un editorial del diario La Nación cuestionó a los jueces del tribunal, a lo que se sumó el ataque de un concejal del oficialista partido Propuesta Republicana que reflotó la teoría de los dos demonios y la ‘justicia militante’ para defender a los exjueces como ‘señores de bien’.
Todo un cambio de época que intenta retomar viejos fantasmas, pese a que en concreto los juicios continúan en todo el país, concluye APU.
Pese a esas maniobras, el pasado jueves el Tribunal Oral Federal de Córdoba condenó a 38 represores de la dictadura, 28 de ellos a cadena perpetua que miles de cordobeses celebraron frente al Palacio de Justicia de esa provincia.
