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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria
Histórica de El Salvador señaló que los diputados de la Asamblea Legislativa rechazaron la petición para decretar el 30 de agosto como “Día Nacional del Detenido Desaparecido en El Salvador”, como una forma de reparación simbólica a las miles de víctimas desaparecidas durante el conflicto armado.
El pasado 29 de agosto las organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron dicha solicitud, pero en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa del martes 30 de agosto, recién pasado, la propuesta no fue admitida en la agenda, ya que solo obtuvo cinco votos a favor.
David Ortiz, representante de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria, indicó que la Asamblea Legislativa actual y el grupo político que gobierna, continúa con la tradición de despreciar en una forma profunda a las víctimas. Para la clase gobernante las voces de las víctimas siguen sin importar, siendo ignoradas de manera sistemática.
“Hasta este tiempo han mantenido a las víctimas del conflicto armado en el olvido y la desatención, con esta nueva Asamblea las víctimas le han venido a hacer la misma solicitud que han hecho desde 1996 y la respuesta obtenida es la misma, ignorar las peticiones de las víctimas y ni siquiera agendarla como punto de discusión en la plenaria 70”, afirmó.
Asimismo, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos sigue posponiendo el estudio de la propuesta de Ley presentada por las víctimas, el resultado ha sido el mismo de los partidos tradicionales, ignorar las legítimas demandas de las víctimas de la guerra. “Le preguntamos a la Asamblea Legislativa a dónde está el presupuesto para atender a las víctimas de la guerra; para fortalecer las comisiones nacionales de búsqueda y pagar las indemnizaciones que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de El Mozote”, cuestionó Ortiz.
Para Pro-Memoria, el Estado salvadoreño sigue defendiendo a los criminales de guerra e ignorando a las víctimas, después de seis años de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía no existen investigaciones para determinar responsabilidad de los graves crímenes cometidos, no hay procesos de reparación integral, la memoria sigue siendo ignorada y la verdad oculta en los archivos militares defendidos desde la presidencia de la República.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos esperan que la Asamblea Legislativa reconsidere su posición de rechazo, y la petición de las víctimas tenga una respuesta favorable por parte de este órgano del Estado.
