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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
La posible aprobación de la autorización del préstamo por $109 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) se frustró este jueves, luego de que los legisladores obtuvieran documentos con supuestas incongruencias, entre ellas precios de dispositivos muy por encima de los ofertados en el mercado.
En una sesión de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto convocada durante el desarrollo de la sesión plenaria, Carlos Reyes, coordinador de fracción de ARENA detalló algunos sobreprecios en dispositivos presentados por el Ejecutivo. “En el documento del BCIE hemos encontrado también incongruencias como que los mismos chalecos que para la Fuerza Armada tenían un precio de $400 para la PNC costarían $700, lo que estamos viendo es que este préstamo lo hicieron a la carrera, no descartamos también que haya una intención de inflar costos para temas de corrupción”, dijo Reyes.
El legislador expuso entre otras controversias del préstamo que cámaras de video vigilancia costaban $3 mil 041 dólares y en tiendas militares que venden sus productos vía internet aparecen con precio de $1 mil 368 y cámaras fijas por $3 mil 500 encontradas en la web en $2 mil 893 por unidad.
Reyes afirmó que si bien su partido se mostró a favor de apoyar la autorización del crédito, este tipo de incongruencias dan la razón en cuanto a la tardanza para aprobarlo, además propuso que se coticen precios en otras empresas existentes en el mercado a fin de comprar una mayor cantidad de dispositivos para dotar de mejor manera a las autoridades. Otro de los precios supuestamente inflados tiene que ver con la fibra óptica contemplada en $7 mil 516 por kilómetro cuando en el mercado se cotiza en $800 y $1 mil por kilómetro.
Yanci Urbina, diputada del FMLN consideró que la información antes mencionada suma mayores interrogantes sobre el préstamo aunadas al conflicto de interés en virtud de que la única empresa que licita la venta de los dispositivos pagó el viaje en jet privado de Osiris Luna, director general de Centros Penales.
