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Por: Leonel Herrera*
A veces la respuesta gubernamental ante los problemas y demandas de la población es el silencio. En otras, la descalificación y ataque contra quien difunde alguna información crítica. Pero la estrategia favorita, por sus mejores resultados, parece ser la creación de hechos distractores conocidos como “cortinas de humo”.
Y “una cortina de humo” muy eficaz parece ser la que tiene actualmente como protagonista a la ministra de Educación, la capitana y médica Karla Trigueros, con sus “memorandos” sobre algunas cosas risibles y otras que rayan en lo absurdo, entre éstos el que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo.
Aclaro que no le resto importancia al problema de prohibir el lenguaje inclusivo. Al contrario, considero sumamente grave esta acción de exclusión y discriminación que constituye un grave retroceso democrático que debe ser rechazado y denunciado de manera contundente.
Sin embargo, sospecho que el objetivo del aparato de comunicación del gobierno es dar una estocada a un “aspecto sensible” para poner a la ciudadanía crítica a hablar de eso y, mientras tanto, suceden cosas terribles que se quieren ocultar o invisibilizar. De hecho, la cacareada prohibición del lenguaje inclusivo es un “refrito”, pues ya había lo hecho el anterior ministro de Educación.
Actualmente, hay varios hechos invisibilizados o minimizados por la “cortina de humo” de la ministra Trigueros, cortinazo que se complementa anuncios rimbombantes sobre metrocables y otros episodios de la fantasía gubernamental. Algunos de éstos hechos son:
- El incremento del analfabetismo y de la extrema pobreza registrado por la última Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, que ha sido realizada por el propio gobierno y es totalmente exenta de las influencias de la oposición, El Faro, George Soros o la “agenda global”. Expertos dicen que este grave retroceso social se debe a la falta de programas de reducción de la pobreza y a la eliminación del Programa Nacional de Alfabetización.
- Las discrepancias con la comisión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) referidas al informe de la situación actual del sistema de pensiones, que el gobierno no publicó y pone en riesgo el financiamiento de dicho organismo. Economistas advierten que las objeciones del FMI también pondrían en duda préstamos de otras entidades internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- La aprobación de nuevos préstamos por casi 200 millones de dólares, con los cuales el endeudamiento externo ronda los 34,000 millones de dólares, monto que ya supera el 90% del producto interno bruto del país, según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). Este hecho confirma la grave irresponsabilidad de seguir endeudando al país, en vez de aprobar una reformas tributarias progresivas donde “paguen más quienes tienen más”.
- Las condenas de cárcel contra ex funcionarios de gobiernos anteriores por negociar con pandillas, entre éstos el ex ministro Benito Lara y el ex alcalde capitalino Ernesto Muyshondt, mientras los negociadores con pandillas del actual gobierno ni siquiera son investigados. Para las organizaciones sociales, esto evidencia la aplicación selectiva de la justicia y la doble moral del sistema judicial al servicio de los objetivos de persecución política del gobierno de turno.
- La aceptación de sendas demandas contra el Estado salvadoreño en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una por la destitución ilegal de los magistrados de la Sala Constitucional en mayo de 2021 y otra por la desaparición de un migrante salvadoreño que fue enviado al CECOT junto a más de 200 venezolanos. La CIDH también ha ordenado medidas cautelares a favor de los presos políticos Enrique Anaya y Ruth López.
- Las denuncias de aplicación del impuesto del 30% (establecido en la Ley de Agentes Extranjeros) al envío de remesas, a pesar de que el gobierno aseguró que éste sólo sería cobrado a las ONGs que “realizan actividades políticas”. Las denuncias son tales que hasta diputados oficialistas han pedido investigar dicha anomalía.
- Las alertas sobre posible falta de liquidez bancaria y un eventual “corralito financiero”. El oficialismo aprobó disposiciones legales para inyectar dinero público a bancos privados cuando sea necesario y el FMI también incluyó en sus condiciones “mejorar la liquidez bancaria”. Según economistas, la banca ha reducido sus reservas debido a que el gobierno la obliga a comprarle cada vez más deuda de corto plazo a través de las llamadas letras y certificados del tesoro (LETES y CETES).
- Las nuevas denuncias de afectados de COSAVI. Denuncian desidia y falta de acción gubernamental en la recuperación del dinero defraudado, mientras más personas afectadas mueren y otras sufren enfermedades graves. Según publicaciones periodísticas, los mayores deudores de COSAVI son el oficialista Nuevas Ideas (5 millones) y varias alcaldías gobernadas por este mismo partido (21 millones). Los afectados han pedido la intervención de diversas instancias, incluido el FMI.
- La deportación del periodista Mario Guevara. La detención del comunicador salvadoreño que cubrían las redadas de migrantes en Estados Unidos se convirtió en un caso sonado y su deportación afecta la imagen del gobierno salvadoreño que poco o nada hace para defender a sus migrantes y no oculta su simpatía con la administración de Donald Trump, principal verdugo de los migrantes. A esto se suman nuevas incidencias del caso de Kílmar Ábrego.
- Las denuncias del Movimiento de Víctimas Inocentes del Régimen de Excepción (MOVIR) sobre juicios masivos a grupos de hasta 1,800 detenidos, donde no se individualizan los delitos y se mezclan a personas inocentes con pandilleros. MOVIR también denuncia que jueces piden como arraigos requisitos imposibles de cumplir, por ejemplo: constancias de propiedades o de trabajo formal a jóvenes pobres y desempleados que no tienen ni propiedades ni trabajo formal.
Posdata: Hay más. Por ejemplo: la publicación de un medio estadounidense sobre la complicidad de Ronald Johnson con Nayib Bukele. Un reportaje de ProPública revela que el ex embajador gringo despidió a funcionarios estadounidenses que incomodaron al autócrata salvadoreño por filtrar a periodistas de investigación información sobre corrupción y pactos con pandillas.
*Periodista y activista social.
