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César Villalona
30 de enero de 2026
El Banco Central de Reserva publicó este viernes la deuda del Estado con el fondo de pensiones a diciembre de 2025, la cual asciende a $11,241 millones. Eso significa que creció en $715 millones, pues en diciembre de 2024 estaba en $10,526.
Desde que entró en vigencia la nueva ley, en enero de 2023, la deuda con el fondo de pensiones que administran las AFP ha crecido en casi $2,800 millones. Y desde ese año el Estado solo pide prestado y no paga nada por lo que debe. Se endeuda incluso para hacer gastos no contemplados en la ley.
Según el “Estudio Actuarial del Sistema de Pensiones de El Salvador” publicado en diciembre de 2025 “la cuenta individual de la mayoría de los jubilados de 2024 se agotaría en los próximos dos años”, o sea, en 2027, lo cual generará una “presión considerable sobre la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS)”. Incluso “se estima que hacia el 2029 los activos de la CGS se agotarían”. Eso significa que el sistema podría tronar en poco tiempo.
El Gobierno dice que comenzará a pagar en 2027, pero para eso tendría que conseguir alrededor de $800 millones, pues la actual recaudación no da para abonar nada. Y en los siguientes años los montos a pagar no serían muy diferentes si el Estado se sigue endeudado con el fondo de pensiones.
¿El Gobierno comenzará realmente a pagar en 2027? ¿Cómo lo haría? ¿Subiría la tasa del IVA? ¿Cerraría cinco o seis ministerios o eliminaría los subsidios para recortar gastos? ¿Combinaría algunas de esas medidas? No lo sabemos. Pero nada bueno se le avecina al pueblo.
Las cosas que están sucediendo en El Salvador parecen de películas. Cuando Bukele andaba en campaña para las elecciones de 2019, dijo en un mitin en la Universidad de El Salvador que “empezaremos una verdadera reforma del sistema de pensiones (…) para empezar a desmontar el modelo neoliberal”. O sea, prometió eliminar a las AFP y crear un sistema público. A su vez, su exministro de Hacienda, el señor Alejando Zelaya, dijo a finales de 2022 que “la ley prohíbe expresamente que nosotros tomemos del fondo de pensiones”.
Pues bien, resulta que las AFP no solo siguen existiendo, sino que entre 2022 y 2025 (hasta noviembre) aumentaron sus ganancias de $17 millones a $37 millones. Y, como ya vimos, desde 2023, cuando inició la nueva ley, el Estado ha tomado de los fondos de pensiones casi $2,800 millones.
Pero no pasa nada. Ni Bukele ni su exministro rinden cuentas. Uno sigue haciendo promesas electorales y el otro consiguió un empleo de lujo en el Banco Centroamericano de Integración Económica.
