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Después del uno de mayo se perdió toda legalidad en El Salvador

Sí, tras el golpe que la Asamblea Legislativa le dio a la Corte Suprema de Justicia al sustituir a los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional, y después de sustituir al Fiscal General de la República y colocar uno obediente al Presidente Nayib Bukele, todo lo que ocurra con entidades y personajes de la política, no puede calificarse de otra forma si no es persecución política. El jueves de la semana pasada quedó más que clara o evidenciada esa persecución política, cuando el fiscal impuesto ordenó la captura de varios exfuncionarios del FMLN en el gobierno de Mauricio Funes, y dio orden de captura contra otros seis exfuncionarios, incluido el expresidente de la República, el profesor Salvador Sánchez Cerén, quien fue miembro de la Comandancia General del FMLN durante la guerra civil.

Los cuatro exfuncionarios del FMLN capturados son la doctora Violeta Menjívar, la doctora Erlinda Handal, los ex viceministros Hugo Flores y Calixto Mejía, también fue capturado el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres. El fiscal general impuesto, Rodolfo Delgado, y el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, vociferaban que las detenciones se debieron a que los aprehendidos recibieron “sobresueldos”. Pero no solo eso, los dos funcionarios afirmaron que los capturados y los pendientes de captura, “le han robado al país” y pidieron “que devolvieran lo robado”.

Es decir, para los funcionarios arriba mencionados, los capturados son culpables, y por lo tanto ya están condenados, pero, antes, debe garantizarse la condena mediática. Ha habido denuncias, además, de que a los capturados no se les respetó el debido proceso durante el procedimiento de captura. El abogado de la doctora Menjívar informó que no le permitieron acompañar a la doctora cuando fue llevada a un puesto oficial, y el abogado, al igual que familiares y simpatizantes del FMLN, tuvo que estar en la calle frente a las instalaciones policiales en espera de que le permitieran el acceso y el encuentro con su defendida.

Un día antes de las capturas de los exfuncionarios del FMLN, en la Asamblea Legislativa, se dio un gran show con el propósito de escandalizar e indignar a la sociedad salvadoreña, pero fundamentalmente para limpiarle la cara al expresidente Elías Antonio Saca, al ponerlo como víctima de sus excompañeros de partido. Saca siguió un guión, preparado por el Ejecutivo, teniendo el cuidado de no nombrar a sus exfuncionarios que hoy son parte del Gobierno del Presidente Bukele, de haber recibido sobresueldos. Pero siempre hay errores, y por eso es que Saca mencionó al ex viceministro de economía Eduardo Ayala Grimaldi, padre del joven diputado de Nuevas Ideas, Rodrigo Ayala.

Pero lo que el Gobierno hizo con Saca en la Asamblea Legislativa era preparar el terreno de la indignación por los sobresueldos, para realizar las capturas de los exfuncionarios del FMLN con todas las arbitrariedades imaginables e inimaginables. “Los actos ocurridos ayer (el jueves pasado) en la detención de exfuncionarios de gobierno se dieron mediante abuso de poder y con claros signos de arbitrariedad, donde, por lo menos, se les violentó el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a un abogado, proporcionalidad y respeto a la dignidad humana, que son aspectos que deben observarse desde el inicio del procedimiento”, manifestó la Fundación Salvadoreña para la Aplicación del Derecho.

Obviamente, estos abusos y las capturas de exfuncionarios de la oposición, a partir del uno de mayo, no pueden catalogarse como legítimas, sino como parte de la persecución política para anular cualquier destello de oposición al gobierno autoritario que está instaurando el Presidente Bukele, y por eso dio el golpe a la Sala de lo Constitucional, y por eso impuso a su propia fiscal general de la República.

 

Con las capturas de los exfuncionarios del FMLN, y tras las órdenes de capturas del resto de exfuncionarios, queda clara que en el país se inició la persecución política contra la oposición, y más temprano que tarde, si el pueblo no reacciona, vendrán las violaciones a los derechos humanos, no solo de la oposición, sino la del pueblo mismo.

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