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El desplazamiento forzado está afectando principalmente a adolescentes y jóvenes, según un reporte basado de IML expuesto por la coordinadora nacional de la unidad de monitoreo de CRISTOSAL. Foto Diario co Latino/Archivo.

Desplazamiento forzado afecta directamente a adolescentes y jóvenes

Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino

El Instituto de Medicina Legal (IML) registró, entre enero de 2017 a enero de 2018, un mil 32 homicidios, de los cuales las principales víctimas estaban en el rango de los 0 a 19 años de edad, comentó Karla Rodríguez, coordinadora nacional de la unidad de monitoreo de Cristosal.

Las organizaciones sociales de derechos humanos presentaron un informe sobre “El Desplazamiento forzado de Niñez por Violencia Generalizada en El Salvador, Honduras y Guatemala”. Representantes de Cristosal, Educo, Plan Internacional, ADVMES, CIPRODEH, Casa Alianza y la Asociación Pop No´j, se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para informar sobre la situación de los derechos de esta población en especial.

Rodríguez señaló que la Policía Nacional Civil registró un mil 644 violaciones, 485 lesiones, 53 hurtos, 34 robos agravados y 30 robos, que impactaron a menores de 18 años, y en cuanto a las violaciones fueron víctimas niñas y niños entre 0 a 11 años de edad.

“Este contexto de violencia es el que está generando el desplazamiento forzado de niños, niñas y adolescentes junto a sus familias. En cuanto a la relación del desplazamiento forzado con la migración de los datos de Cristosal, tenemos que de 209 personas entre niños, niñas y adolescentes, nueve migraron. Y que de los 311 beneficiarios que tuvieron algún problema con violencia, 130 migraron en el año 2017, y en el 2018, de los 358 beneficiarios identificados tenemos que 157 abandonaron el país”, explicó.

Asimismo, señaló que los núcleos de familias que se desplazaron han identificado como agresores a personas que pertenecen a las pandillas (94.6%) y en un porcentaje bajo, pero preocupante, los afectados mencionaron a miembros de la Policía Nacional Civil (6.3%) y de la Fuerza Armada (1.0%).

Celia Medrano, directora de Cristosal, afirmó que este trabajo combinado entre las organizaciones esperan que el Órgano Ejecutivo cumpla con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, sobre el desplazamiento interno por violencia en El Salvador, a un reconocimiento oficial sobre esa situación y darle solución.

Así también, para la Asamblea Legislativa, le manda a legislar en atención y protección a estas víctimas en un período de seis meses, de los cuales, tres meses ya pasaron sin resultados.

“Hemos acompañado como Cristosal la caravana que salió el 30 de octubre y la semana pasada, donde identificamos cinco casos concretos de desplazamiento forzado por violencia, su testimonio es fuerte y han dicho frases tan significativas como -Si me hubieran protegido me quedara, ahora ya es tarde- entonces hay que ofrecer respuestas integrales desde el Estado”, sostuvo.

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