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Roberto Zapata, de Amate El Salvador, señala: “Datos oficiales de otros países documentan que casi 30,000 personas han sido detenidas en el borde de las fronteras México-Estados Unidos y eso es una crisis humanitaria”. Foto Diario Co Latino/Cortesía

Desmantelamiento de la democracia y acoso social

Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino

El balance del segundo año de gestión del presidente Nayib Bukele fue calificado de “negativo” por los representantes de diversos colectivos que integran la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, quienes presentaron diferentes señalamientos y retrocesos en materia democrática y participación social.

Roberto Zapata, de Amate El Salvador, afirmó que el actual Gobierno llegó con el signo de un cambio con la participación de la juventud, pero que en dos años de gestión se han agudizado los problemas de este grupo poblacional, ya sea por violencia en todas sus manifestaciones, por falta de empleo o de oportunidades de preparación académica.

“Una de las cosas que hemos notado es que no hay verdaderos cambios en la población juvenil, específicamente lo que vemos es una profundización del modelo autoritario y neoliberal, que se refleja en la migración. Porque muchos jóvenes aún creen que irse a otros países y Estados Unidos es una respuesta. Hay datos oficiales de otros países que documentan que casi 30,000 personas han sido detenidas en el borde de las fronteras México-Estados Unidos y eso es una crisis humanitaria”, señaló.

Asimismo, mencionó que la juventud aún continúa siendo estigmatizada por cuerpos policiales o efectivos militares que consideró Zapata una represión a las y los jóvenes en el país. A lo que se suma la desaparición y falta de investigación de estos casos que afecta en su mayoría a mujeres jóvenes. Mientras que con la población LGBTI, aún continúan los crímenes de odio, por los cuales el Estado no está respondiendo.

Moisés García, del Foro de la Salud, planteó que el Ministerio de Salud está en un proceso de desmontar el Primer Nivel de Salud, que mayormente era gestionado por los Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECOS), lo que implica el abandono de la población más pobre y la falta de control en sus condiciones de su salud.

“El énfasis ha sido la atención del COVID-19, actualmente, es la vacunación y mucho de ese personal de salud se ha destinado a esto y muchas personas han sido descuidadas porque no reciben atención cuando viajan a los establecimientos. A estas alturas todavía la situación continúa, lo que hemos visto es la concentración en el nivel hospitalario (Tercer Nivel de Salud), que va a ser siempre más caro y, por tanto, insostenible”, explicó García.

García lamentó que El Foro Nacional de Salud, como parte del eje 5 de la Reforma de Salud que llevaron los gobiernos anteriores, en la nueva gestión gubernamental ha optado por limitar la participación social y el cierre de espacios multisectoriales, en donde la población tuvo un protagonismo importante en el abordaje integral de la salud.

“Hemos denunciado como ha venido disminuyendo la atención en salud sexual y reproductiva, lo cual representa ya incremento en muertes maternas, incremento en embarazos y situaciones de cáncer. También denunciamos este cierre a la participación social que es una característica de este Gobierno que de manera expresa ha ido cerrando los pocos espacios y el avance que se había logrado en los últimos años junto a la población. Esto preocupa por la historia de este país con larga de data de autoritarismo de Estado”, reseñó García.

“El sector ambiental tiene un balance negativo”, reiteró Luis González, de la UNES, al comentar que no se puede negar la crisis ambiental del país, cuando el diario vivir de miles de personas está ligado a la falta de agua, en la destrucción de bosques o zonas de recarga acuífera por urbanizaciones y la falta de implementación de políticas públicas para subsanarlas o restaurarlas.

“Hemos visto como la nueva legislatura ha enviado las propuestas de ley, presentadas por el movimiento social al archivo, y como las leyes vigentes no están siendo aplicadas por el Ejecutivo y tenemos que la Ley de Medio Ambiente, Ley Forestal, Ley de Avenamiento, Ley de Áreas Protegidas, no están siendo aplicadas, y es preocupante. Porque también están otorgando permisos ambientales a proyectos que tienen un grave impacto en los recursos naturales”. “Tenemos el proyecto Valle El Ángel, la octava represa en el río Sensunapán; entonces, es preocupante que los bienes naturales no se protejan cuando son de beneficio a la población salvadoreña. Y por el contrario estén brindando apoyo a pequeños grupos económicamente fuertes para hacer del medio ambiente una mercancía y un negocio”, sostuvo González.

Sobre el sector agropecuario, Adalberto Blanco, de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, consideró que este sector se encuentra “abandonado” por el Gobierno ante la falta de políticas públicas hacia al rubro de la producción de alimentos a nivel nacional.

“Hemos visto que a partir de este abandono, hay un incremento de precios considerable de los alimentos de la población. Se dificultó el acceso a los alimentos durante la pandemia, y eso lo tenemos reflejado en la reducción de presupuestos que estén enfocados en mejorar el acceso a la alimentación de la población salvadoreña. Y aclaró, la alarmante denuncia de actos de corrupción que señalan a los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería, por la exportación masiva de alimentos que afectó a la producción nacional”, aseveró Blanco.

En cuanto al derecho de las mujeres, Verónica Guerra, Coordinadora Movimiento Popular, señaló el vacío que existe sobre planes o medidas de protección a las mujeres por parte del gobierno del presidente Bukele, que solo han venido a profundizar la inequidad para esta población.

“En este contexto, en que las mujeres ponemos las muertas y desaparecidas, el gobierno actual ha decidido reducir los presupuestos etiquetados, para prevenir la violencia y desigualdad de las mujeres. No podemos obviar, que en el año 2020 cerramos con 130 feminicidios y con 541 desaparecidas, y el Estado hasta la fecha no ha respondido a las familias. Y tenemos un incremento de embarazos impuestos producto de la pandemia y no hay evidencia de planes para contrarrestar la violencia que vivimos”, mencionó.

El incumplimiento y falta de garantía a los derechos de libertad de expresión y el acceso a la información pública son las inconsistencias más visible del gobierno del presidente Nayib Bukele, consideró Leonel Herrera, de ARPAS, al denunciar el desmantelamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAPI), y la estigmatización del gremio de periodistas y medios de comunicación que no son afines a su línea ideológica.

“En términos de acceso a la información y libertad de expresión, podemos decir que se ha profundizado el acceso a la información pública, que es un bien ciudadano y que es clave para el ejercicio de otros derechos y fundamental para el ejercicio periodístico y para la rendición de cuentas y evitar la corrupción que han sido bloqueados por el gobierno del presidente Bukele”, opinó Herrera.

“Las descalificaciones, estigmatización y ataques hacia periodistas o medios de comunicación, se debe a que no se alinean al discurso único gubernamental. Es un hecho que ha llamado la atención incluso de organismos internacionales como la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH, que han alertado sobre retrocesos en el periodismo libre e independiente en El Salvador, en donde el presidente de la república Nayib Bukele, ha usado cadenas nacionales para descalificar a periodistas y medios, y esto es un retroceso, un desmantelamiento de la democracia y persecución social”, puntualizó Herrera.

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Un Comentario

  1. Q se active ya Las organizations sociales para pedir un alto a la dictadura