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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
En un operativo denominado “San Miguel”, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó ayer a 25 miembros de una estructura dedicada al tráfico ilegal de personas. El procedimiento fue coordinado con la Unidad Especializada en el Tráfico Ilícito y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República (FGR), y a los capturados les serán atribuidos los delitos de tráfico ilegal de personas, agrupaciones ilícitas y tenencia ilegal de arma de fuego.
Según la PNC, la organización tenía su base de operaciones en el departamento de San Miguel y contaba con un sistema de logística que le permitía movilizar personas de forma irregular hasta los Estados Unidos. La fiscalía afirma, tras las investigaciones determinaron que la estructura cobraba de 8,000 a 12,000 dólares por el traslado de personas en situación migratoria irregular.
El operativo se realizó de forma simultánea en los departamentos de San Miguel, Morazán, La Unión, Usulután, San Salvador y Santa Ana. La FGR detalló que giraron 32 órdenes administrativas de captura en contra de sospechosos de formar parte de esta red de tráfico de personas, y que en el proceso también se incluirán intimaciones contra acusados que ya guardan prisión. Tras el operativo, la PNC reportó la incautación de 13 armas de fuego, 10 celulares, 13 vehículos, dos laptops y más de 26,400 dólares en efectivo, presuntamente producto del ilícito, así como documentación variada.
Entre los capturados hay empresarios, abogados y un exagente policial; además también se especuló acerca de un posible vínculo entre alcaldes de municipios de la zona oriental del país y la estructura desarticulada ayer. Sobre esto el director general de la Policía Nacional Civil Mauricio Arriaza Chicas confirmó, que por lo menos un edil estaría implicado en la red de tráfico de personas.
Pese a haber asegurado la participación de un alcalde en la operatividad de la estructura, Arriaza Chicas evitó dar el nombre del edil y nombrar al municipio que gobierna, para “evitar el entorpecimiento de las investigaciones”.
Rogelio Rivas ministro de Justicia y Seguridad dijo, tras el operativo se procederá a la extinción de dominio de 63 bienes inmuebles, entre los que se encuentran casas, ranchos de playa, empresas, cuentas bancarias y vehículos.
Rivas adelantó que en los próximos días harán la presentación oficial de un cuerpo policial fronterizo, que buscará golpear las estructuras dedicadas al tráfico ilegal y la trata de personas, resguardando fronteras y puntos de tránsito ciegos.
“Queremos mandarle un mensaje a las estructuras criminales y terroristas en el país, que aquí solo tienen dos vías: la cárcel o la muerte”, dijo el funcionario en referencia al producto del operativo ejecutado ayer. El jefe de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía explicó, que las incautaciones de inmuebles son producto de las investigaciones de esa unidad, las cuales determinaron que algunos de estos bienes están a nombre de personas que no están vinculadas de forma directa con la estructura; sino en calidad de “testaferros”. El monto de las propiedades intervenidas por la FGR superaría el millón de dólares.
