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Organizaciones que defienden los derechos humanos consideran que la administración del presidente Nayib Bukele ha debilitado la democracia en el país. Foto Diario Co Latino/Cortesía

Derechos humanos violentados durante Emergencia Nacional de Salud

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

Un colectivo de organizaciones pro derechos humanos denunció que dentro de la crisis sanitaria que vive la población salvadoreña desde el mes de marzo del presente año, la administración del presidente Nayib Bukele, ha impulsado acciones que consideraron un “debilitamiento de la democracia en el país”.

En ese contexto la Asociación Pro-Búsqueda, la Fundación Mundubat, el IDHUCA y Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, anunciaron el relanzamiento de su campaña “Tú defiendes mis derechos, yo defiendo tu labor”, ante lo que consideraron una amenaza a múltiples acciones de atropellos, amenazas, persecuciones y violaciones a los derechos humanos.

Wendy Morales -directora de Azul Originario- afirmó que la ausencia del “debido proceso”, de los agentes del Estado salvadoreño, muestra una debilidad que podría generar impunidad e incumplimiento de la justicia.

“Faltan al debido proceso y no se lleva a cabo en el momento de ser detenida una persona. Y faltan también al debido proceso cuando no informan sobre las detenciones y faltan al debido proceso con la exposición de imagen pública, violentando un sinnúmero de derechos”, afirmó.

En los dos últimos años, estas organizaciones crearon una serie de iniciativas y campañas para sensibilizar a la población y autoridades de Estado, sobre el rol de las personas defensoras de derechos humanos, que debido al desconocimiento de su labor han sido criminalizados, amenazados, perseguidos y en algunas coyunturas asesinados por su denuncia.

La vulneración de derechos ha sido evidente, como en el caso del gremio periodístico, Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) describió como un” escenario complicado” que ha ido creciendo con la restricción a la información y el trabajo de la prensa.

“La APES en el año 2017 creó un observatorio que monitoreaba las agresiones a periodistas y  vulneraciones que sumaban 70 casos en un año; pero ahora, nos preocupa como los casos han aumentado solo en el último año (2019-2020) con el presidente Nayib Bukele, y en el contexto de la pandemia, se registra entre el 17 de marzo hasta este 30 de julio van 64 vulneraciones a periodistas a nivel nacional, cuando el promedio son 70 casos al año”, explicó.

En el lanzamiento de la primera campaña para visibilizar a las personas defensoras de derechos humanos (octubre de 2018 a noviembre de 2019) con el apoyo de la Unión Europea y Gobierno Vasco. Las organizaciones han decidido un relanzamiento para fortalecer estos conceptos de las personas defensoras, que contará con fondos europeos y del Gobierno de Cantabria, en los proyectos que desarrollan  “Promoviendo el derecho a defender derechos en El Salvador”.

Y que en esta ocasión se pretende incidir en el contexto actual que gira en torno a la pandemia del COVID-19 y sus repercusiones debido a las medidas tomadas por el Gobierno de El Salvador. Celia Medrano -directora de CRISTOSAL-  aclaró que no están en contra de la Cuarentena Domiciliar, declarada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, pero aclaró que no pueden obviar la vulneración de los derechos de la población, bajo ninguna coyuntura social, sanitaria o económica.

“No estamos en contra de que las personas asuman la responsabilidad de los riesgos que implica salir a la calle de forma gratuita, pero estamos obligados a que se  ventile un proceso adecuado de garantía de derechos humanos de la población”, indicó.

Las denuncias registradas por las diversas organizaciones como las detenciones ilegales, abuso de autoridad ejercido por agentes de seguridad pública, vulneración del derecho a la salud y falta de información emitida por el gobierno que calificaron de parcial y poco precisa. Al señalar que no mantiene informada a la población y se incumple el derecho a la libertad de expresión, que según la UNESCO ha catalogado “como parte integrante del derecho fundamental a la libertad de expresión”. Y como tal, toda entidad pública tiene la “obligación de mantener bien informada a la población”.

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