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Licda. Norma Guevarade Ramirios
@guevara_tuiter
La legislación salvadoreña es de avanzada en el reconocimiento de los derechos de las mujeres; se destacan como logro en la última década, la afirmación en legislación sobre la no discriminación en razón de género y el derecho a vivir una vida libre de violencia.
La existencia de una jurisdicción especializada para conocer y juzgar los delitos que se cometan contra las mujeres es la expresión más alta de voluntad política de cambiar la costumbre de ejercer violencia contra las mujeres sin ninguna consecuencia; expresan una voluntad de erradicar la violencia moral, sicológica, sexual, física y económica; de allí surge con fuerza el desafío de cambiar patrones conductuales, creencias y cultura que fomente el respeto a las mujeres.
El Día de la No Violencia contra las Mujeres que celebramos el 25 de noviembre fue impulsado a partir de uno de los tantos hechos de violencia ejercida contra las mujeres. En República Dominicana, en tiempos de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, el 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas tres mujeres que se oponían a la dictadura: Patria, Minerva y María Teresa, todas de apellido Mirabal.
Como ellas a lo largo de la historia se registran actos brutales contra las mujeres; muchos de origen político, pero también son abundantes los que se originan en la vida familiar, laboral y comunitaria. Pero ese hecho motivó la protesta y la demanda de establecer un día para reclamar un alto a la violencia contra las mujeres, esa demanda fue acogida por la ONU y luego por diferentes países.
En nuestro país fue justamente un 25 de noviembre de 2010 cuando se aprobó la Ley Especial Integral para una Vida libre de Violencia para las Mujeres que tiene por objeto establecer, reconocer y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Ello supone y así se establece en la ley, que existan políticas públicas orientadas a detectar la violencia, a prevenirla y a asegurar que se proteja a las mujeres para no sufrirla, a reparar daños que se infrinjan en su contra y a sancionar penalmente los delitos.
La igualdad real de las personas supone proteger a más de la mitad del género humano que somos las mujeres, la democracia supone la participación libre de todas y todos, y para asegurar la igualdad real entre hombres y mujeres y lograr una democracia plena es imprescindible la participación libre de las mujeres.
Nuestra legislación reconoce esta protección de manera específica como el respeto a la vida, integridad física, psíquica y moral; respeto a su dignidad, libertad y seguridad personal; a no ser sometidas a torturas o tratos humillantes, a su libertad de asociación, de religión y creencias y el respeto a su participación en asuntos públicos incluyendo los cargos públicos.
Estos aspectos esenciales representan un avance en nuestro marco legal que debe ser respetado principalmente por quienes ejercen funciones públicas, es por eso importante que existan espacios y además instituciones en las que se anuncie estos derechos a las mujeres y se divulguen ante toda la población para que cobren conciencia quienes tienen la costumbre de maltratar a las mujeres en cualquier espacio. Ciudad Mujer es por esto una institución modelo que tiene la capacidad de promover entre las mujeres el conocimiento de sus derechos.
Cada vez son más las mujeres salvadoreñas que cobran conciencia de su potencial como seres humanos, como ciudadanas, trabajadoras, convivientes, esposas, militantes políticas, empleadas o funcionarias y este aprendizaje acelerado irá transformando nuestra cultura hasta comprender por la inmensa mayoría, que se vive mejor reconociendo y respetando a las mujeres, evitando ejercer violencia en su contra.
Los jueces y juezas deben ponerse al día con la más antigua de las asignaturas, el respeto pleno en igualdad a todas las personas y a dejar de considerar que las descalificaciones en razón de género justifican la violencia. Las mujeres salvadoreñas ya no tienen que callar y sufrir en silencio los efectos de la violencia, cualquier acto que agreda su dignidad puede y debe ser denunciado.
Las diputadas y los diputados del FMLN nos sentimos orgullosos de ser parte de esta transformación legal que parte de reconocer la existencia de la violencia contra las mujeres y de plantearse el propósito de luchar para que ella sea erradicada.
El derecho a una vida libre de violencia es en este contexto, un logro, un avance y a la vez un desafío para desaprender costumbres que menoscaban la dignidad humana de las mujeres, una aspiración que debe realizarse aceleradamente, requiere el valor de señalar y demandar, de divulgar y concientizar sobre la igualdad real entre hombres y mujeres.
