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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Se están enfrentando situaciones altamente negativas en la agricultura, que no tienen nada que ver con la pandemia COVID-19, sino con las decisiones políticas de este Gobierno”, dijo José Acosta, director de Voces en la Frontera, al evaluar la situación del agro en el país.
En vísperas del Día Mundial de la Alimentación, que este año lleva el lema “Cultivar, nutrir, preservar. Juntos”, Voces en la Frontera, que nació en 1987, con sede en los Estados Unidos, tiene entre sus objetivos un trabajo de desarrollo de capacidades de liderazgos y autogestión en la promoción de los derechos de las mujeres, jóvenes y lisiados de guerra, a mejorar sus condiciones de vida, a través de la educación formal, recuperación de la memoria histórica, protección del medioambiente y el impulso de la soberanía alimenaria.
Con la presentación del documento de investigación “Agricultura y Alimentación en El Salvador”, que prepararon María Inés Dávila y José Acosta, esperan contribuir como herramienta de consulta para las comunidades y organizaciones que luchan por el acceso a la tierra, la soberanía alimentaria y el derecho humano a la alimentación.
Con una reseña sobre la situación del derecho a la alimentación, Acosta consideró que, en los dos gobiernos del partido FMLN, hubo ciertos avances en esta materia, creando el CONASAN, una instancia que la formaban varios ministerios y secretarías, coordinada por el Ministerio de Salud. No obstante, este derecho a la alimentación no está reconocido en la Constitución.
“Se avanzó en formular una política alimentaria institucional, que dio los parámetros y líneas de trabajo en función de programas y proyectos, inversión pública y en el tema del derecho humano de la alimentación. Y esto no tiene solo que ver con la reactivación de la agricultura o aumentar la capacidad de producir; esto tiene que ver con el medio ambiente y el acceso a la tierra, porque no se puede producir un alimento sano con un medioambiente deteriorado y la incertidumbre de miles de campesinos, sin acceso a tierra, que es un problema no resuelto en el país”, argumentó.
El Día Mundial de la Alimentación, al enmarcarlo a la situación de pobreza en el país, es grave, agregó Acosta, citando su investigación, que al desarrollarla en el marco de la pandemia de la COVID-19 señaló el aumento de la pobreza, en donde 226,000 trabajadores podrían haber perdido su empleo, cuando la cuarentena obligatoria llegaba a abril pasado.
El documento cita, además, que la afectación de estas personas y la limitada capacidad para producir son factores que han configurado contextos variables de “inseguridad alimentaria grave y moderada”, lo que ha afectado durante este tiempo a 2.5 millones de salvadoreños (FAO, OPS, WFP y UNICEF 2019), en donde la niñez es uno de los grupos poblacionales más impactado.
“Aquí la derecha nos llevó, luego de introducir el Modelo Neoliberal, a una concentración de la tierra similar a la que existió antes del conflicto armado, todo los programas de transferencia de tierras, la Reforma Agraria, se revirtieron con el neoliberalismo en el país. Y todo esto, llevó a un quiebre de la agricultura para favorecer a los grandes importadores de alimentos”, afirmó Acosta.
Al señalar que en los gobiernos del FMLN se iniciaron algunos procesos positivos en materia de revertir los impactos del neoliberalismo en términos de producción agrícola y de alimentos, que a su juicio fueron positivos, en la búsqueda de garantizar el derecho humano a la alimentación de la población salvadoreña.
“Y luego, llega un nuevo gobierno y en un poco más de un año, se ha retrocedido en los pocos avances que hubo en los últimos 10 años, desarticulando la Secretarías Técnica de la presidencia, el CONASAN, además de ignorar la política de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Han reducido el presupuesto de los ministerios de Agricultura y Ganadería, Medio Ambiente, Salud, el tema ha quedado relegado y los programas que impulsaron los gobiernos anteriores, como la legalización de tenencia de la tierra a campesinos que tenían toda la vida en incertidumbre, pues esos programas han quedado abandonados; así como el Plan de Agricultura Familiar”, comentó.
En cuanto a los sectores productivos como los cafetaleros, Acosta señaló que este ha entrado en una situación crítica frente al sector cañero, que se constituye entre los más fuertes, que no necesitan de estímulos gubernamentales, porque se rigen por las fuerzas del mercado, en donde han mostrado su poder y prácticamente no necesitan un apoyo de un programa estatal.
“Claro, es el escaso avance al derecho humano de la alimentación; creemos que se ha perdido y hemos retrocedido lo poco avanzando como país. En cereales de maíz y frijol dieta básica de la población, se puede decir que hay suficiente, pero hay un descontento de parte de agricultores, porque toda la importación de alimentos está deteriorando el precio nacional de estos productos básicos. Y entonces el agricultor compra los insumos a precios altos y no tiene un precio justo a su producción y es porque los intermediarios se han quedado con la ganancia”, sostuvo.
Sobre la actuación del presidente Nayib Bukele, agregó que el Gobierno ha estado importando alimentos y que podría aducirse en el marco de la pandemia de la COVID-19, que generó una cuarentena obligatoria y que, por tanto, tiene el beneficio de la duda, en seguir comprándole a otros países verduras, frutas y cereales que se siembran en el país.
“Al seguir importando da la impresión que hay una intencionalidad de ocupar estas compras de alimentos para la campaña política, y así seguir repartiendo paquetes de alimentos, hasta que se acerquen las elecciones y ganar de esa manera, cuando hay miles de personas agricultoras que se ven afectadas estamos hablando de más de 300 mil familias campesinas que sobreviven de la actividad agrícola y en esta circunstancias, en donde la economía ha caído y han desaparecido empleos y las remesas han disminuido, pues la agricultura es una respuesta, una salvación”, reiteró.
