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Representantes de organizaciones como el Comité de Víctimas y Defensores de Derechos Humanos denuncian ante el Tribunal de Ética Gubernamental “conflicto de intereses” en miembros que conforman la comisión ad hoc que estudia sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. Foto Diario Co Latino/Juan Carlos Villafranco.

Denuncian supuesto conflicto de intereses en comisión que estudia Ley de Amnistía

Yaneth Estrada
@caricheop

Varias organizaciones, como el Comité de Víctimas y Defensores de Derechos Humanos denunciaron ante el Tribunal de Ética Gubernamental “conflicto de intereses“ dentro de la comisión ad hoc que estudia la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía en la Asamblea Legislativa.

La comisión tiene como coordinador al diputado Rodolfo Parker, del PDC; Ernesto Vargas, de ARENA; Antonio Almendáriz, del PCN; Nidia Díaz, del FMLN; y Juan Carlos Mendoza, de GANA, con el objetivo de establecer una Ley de Reconciliación Nacional que vendría a sustituir a la derogada Ley de Amnistía aprobada por Decreto Legislativo el 20 de marzo en 1993.

La ley otorgó el perdón a las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la pasada guerra civil (1989-1992), sin embargo, la reciente sentencia de la Sala de lo Constitucional significaría la apertura de investigaciones penales por más de 30 crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por militares, funcionarios públicos y exguerrilleros, basados en el Informe de la Comisión de la Verdad.

Manuel Escalante, del IDHUCA, explicó que “estamos presentando una denuncia ética contra la comisión ad hoc que la Asamblea ha constituido para aparentemente cumplir la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía utilizando la constitucionalidad, el Estado de derecho y las vías legales, por considerar como elemento central que cuatro de los cinco miembros que la conforman fueron parte beligerante del pasado conflicto armado, por lo tanto, estas personas probablemente estuvieron involucradas, ya sea de manera directa o por mando en crímenes de guerra o de lesa humanidad”.

Verdad, justicia y reparación

“Aquí debemos de traer a cuenta lo que la sentencia de la Ley de Amnistía de la Sala de lo Constitucional (44-2013/145-2013) estableció a la Asamblea Legislativa que debía legislar a favor de la verdad, a favor de la justicia y a favor de la reparación de las victimas”, recalcó.

Entonces, el conflicto de intereses se da al designar a personas que probablemente pueden terminar penalmente y civilmente implicadas en acciones cometidas en el pasado conflicto armado.

“Esto es un claro ejemplo de conflicto de intereses porque cómo alguien puede preguntar de un hecho, del cual también fue parte, además son personas que van a tomar decisiones sobre la legislación que se manda y esto es un clara violación a los artículos 3 y 5 de la Ley de Ética Gubernamental y al ser diputados se les aplica esta normativa”, enfatizó Escalante.

Asimismo, los demandantes afirmaron que piden a la Asamblea Legislativa que el seguimiento de la sentencias se lleve a cabo de la mejor manera, que esté a cargo de personas imparciales e independientes y que quienes tomen decisiones y que participen en el proceso de elaboración no estén vinculados al pasado conflicto armado.

Participación documentada

En el caso del diputado Rodolfo Parker, fue mencionado en el Informe de la Comisión de la Verdad, “en caso de los asesinatos de los sacerdotes jesuitas (Caso Jesuitas 1989) y se le reconoce que alteró declaraciones para ocultar responsabilidades”.

Además, el mismo informe le atribuye al diputado Antonio Almendáriz “el mando superior de teniente a cargo de unidades de la segunda brigada de infantería en la ejecución extrajudicial en flagrante contravención al derecho internacional humanitario de Begoña García Arandigoyen”.

Ernesto Vargas fue integrante de la “Tandona”, una de las promociones de la Escuela Militar más activa y de más poder durante el conflicto armado. Mientras que un periódico digital lo mencionó como participante de los grupos de reacción inmediata de la Fuerza Armada, fue comandante de Unidades Militares, subjefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, que participó en el conflicto interno

1989-1992, miembro de la Comisión Gubernamental que negoció la paz en 1992 y testigo de descargo del coronel Inocente Montano para impedir su extradición a España en el Caso Jesuitas.

Nidia Díaz no está implicada, pero fue comandante del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Centroamérica (PRTC), una de las cinco organizaciones políticas militares del FMLN. Al PRTC se le atribuye la operación de la Zona Rosa.

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