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Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” y MOVIR
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Alexis Herrera es mi sobrino, tiene ya 3 años en el penal, cuando lo agarraron tenía 25 años, ahora pues ya tiene 28 años y no sabemos de él. Mi hermana no puede venir porque vive en La Palma, Chalatenango, y por eso la represento aquí en la capital”, dijo Vilma López, tía del detenido.
“Esta captura de Alexis es una injusticia, porque mi sobrino trabajaba en un crucero, cinco años pasó trabajando, después que se graduó y ahora -mire-, donde lo tiene este presidente (Nayib Bukele), ¿es qué que acaso no ven los documentos que hemos llevado al fiscal adjunto? que prueban su inocencia”, manifestó indignada López.
López preguntó si las personas inocentes que fueron detenidas arbitrariamente al salir libres tendrán una compensación moral y económica. “Y le pregunto a ese dictador ¿será que va a indemnizar a las personas inocentes que estaba trabajando y fueron capturados injustamente? eso me pregunto”, expresó López.
Abogados de la Asociación Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, junto a familiares del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), se presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR), para denunciar la deficiente atención a personas víctimas del régimen de excepción en estos tres años de vigencia.
Deficiente atención de la PGR
Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal “MJH”, afirmó que el escrito que presentaron al procurador general de la república René Gustavo Escobar, recientemente reelegido para un segundo período, tiene la intención de aclarar el mandato de dicha institución como brindar asistencia legal a personas de escasos recursos económicos y representación judicial en la defensa de su libertad individual o derechos laborales, entre otras obligaciones.
“Teniendo en cuenta que en estos 3 años, que ya hay más de 85 mil detenidos, y más de 4 mil personas asesinadas en manos del Estado, y que la misma Procuraduría, ha expresado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que llevan el 80% de los casos de representación penal, queremos reiterar sus obligaciones”, manifestó.
“Debemos tomar en cuenta que la Fiscalía General de la República (FGR), está por realizar juicios masivos por estructuras de pandillas, y que pues evidentemente, habrá personas inocentes condenadas en esos grupos. Y en esa línea, venimos a presentar al procurador que agilice la atención y se fortalezca la PGR”, argumentó Díaz.
El abogado de Tutela Legal “MJH” agregó que en los últimos meses han debilitado a la PGR, al despedir defensores públicos penales y de otras unidades como la Juvenil, por lo que solicitan al reelegido procurador, que agilice el proceso de entrega de los antencedentes penales y policiales a los familiares, previo a los “juicios colectivos” que calificó de “irregulares”.
“Solicitamos también, la unificación sobre como presentar los arraigos, porque se han dado casos en donde no se han presentado en las audieciencias especiales estos arraigos cuando son importantes porque queremos la liberación de las personas inocentes”, sostuvo.
“Es responsabilidad de la Procuraduría defender a estas personas inocentes y ante esta situación debe fortalecer su trabajo porque esta representación legal debe ser efectiva, imparcial y que no genere vulneración al derecho de defensa en el marco del régimen de excepción”, manifestó Díaz.
Exigen cumplimiento del derecho penal
“Cuando hablamos del cumplimiento del derecho penal es porque tiene como principio: probar la responsabilidad individual, entonces, ¿Por qué quieren hacer esos procesos colectivos de juicios?, bueno, es porque no tiene pruebas y esta es la estructura inventada que han construido ellos”, alegó,
Ovidio Mauricio, director de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”.
Como Tutela Legal “MJH” exigieron ante la Procuraduría General de la República, cumplir con el “mandato de defender a los pobres, marginados y vulnerables”, y señalan que la actual PGR está lejos de acatar la responsabilidad de su misión constitucional.
“La PGR no está cumpliendo con esa misión, actualmente, más parece un cómplice de quienes están reprimiendo a la población, que realizan capturas arbitrarias e ilegales, los que están torciendo la ley e inventando delitos contra las personas que capturan y así adecuarles delitos”, acotó.
“Nos preguntamos ¿Cuántos procuradores públicos se preocupan por exigir la prueba idónea y pertinente de la no pertenencia a las pandillas de tanta gente inocente?, creo que nunca se han preocupado por eso. Incluso, los familiares de los detenidos se quejan que nos les reciben documentación que comprueba los arraigos de las personas, entonces, se vuelven cómplices”, reiteró Mauricio.
El director de Tutela Legal “MJH” espera que el reelecto procurador René Escobar “cumpla su papel y que su reelección no sea porque está comprometido con el Estado”. Asimismo, solicitó al funcionario cumplir sus obligaciones que están dentro de la Constitución de la República.
“Esperamos que el procurador opte por defender de verdad a las personas, a las víctimas de este régimen odioso, oprobioso que sostiene a este gobierno en la ilegalidad”, indicó Mauricio.
PGR negligente con familiares de víctimas: MOVIR
Samuel Ramírez, coordinador del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), agradeció el acompañamiento de Tutela Legal “María Julia Hernández” en la presentación del escrito y la exigencia del cumplimiento de la ley de manera transparente e independiente.
“No es la primera vez que venimos a decirle (al Procurador Escobar ), que está cometiendo actos arbitrarios, que no está cumpliendo con sus deberes, aquí las víctimas rebotan sin ser atendidas. Hay familiares que han venido a las 4 de la mañana a esperar al defensor público, para ver o que papeles más presentar, pero, el abogado huye y sólo dice que lleva demasiados expedientes, para poder atender individualmente a una persona”, expresó Ramírez.
“Y creemos que hay mucha negligencia en esto, entendemos que la Procuraduría debería contar con el recurso suficiente para dar una atención a las víctimas, pero lo que hemos visto últimamente son despidos masivos de defensores públicos. Y es porque no hay ningún interés del Estado y el régimen de corregir esa rezago, esa mora judicial”, manifestó Ramírez.
Ramírez demandó de los funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele, apegarse a la ley de la república, y les recuerda que los mandatos “terminan tarde o temprano” y que la población pedirá cuentas de sus desempeños por el bien común.
“Porque él pronto va a tener que rendir cuentas a la justicia porque (el presidente Nayib) Bukele no será eterno en este país. Y todos los funcionarios que han cometido delitos, que han violado la Constitución de la República y otras leyes, van a pagar y va a ser muy caro”, advirtió.
“Son 258 expedientes de personas que por el estudio de sus arraigos son inocentes, pero ¿Qué ha hecho la Procuraduría ?, les han dicho a los familiares que los arraigos válidos para el régimen es que estén casados, empleados en una empresa formal que paga impuestos y que sea dueño de algo”, manifestó Ramírez, lo que consideró un abuso de la PGR, cuando tiene documentado como MOVIR que el 60% de la población que ha sido víctima de una captura ilegal en el marco del régimen no cuentan con inmuebles porque es población que vive en pobreza. Y menos, contar con un trabajo formal cuando la CEPAL ha identificado que un 70% de salvadoreños viven del trabajo informal en el país.
“Hay mucha gente del campo que no tienen tierras, personas con empleo que son informales, que vendían a diario sus mercancías, entonces, es una excusa del régimen para condenarlos y es porque (Nayib) Bukele no está interesado en que prueben su inocencia”, alegó.
“Además, vienen los juicios masivos y la Fiscalía General de la República, que ya tuvo 3 años para comprobar esos delitos que les imputa a estas personas, no ha podido comprobarlos. Y es por esto que queremos denunciar este genocidio por esas condenas masivas que vienen a partir de agosto de 2025”, denunció Ramírez.
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