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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Me he sentido acuerpada, este triunfo es de ustedes y de todas las personas que me han escrito, llamado y abrazado”, fue el breve mensaje que en redes sociales difundió Vidalina Morales, presidente de ADES y lideresa comunitaria de Santa Marta, Cabañas, tras la liberación de su hijos Manuel Gámez Morales, de 33 años de edad, quien había sido capturado, el pasado miércoles, por agentes policiales en la Comunidad Santa Marta.
Manuel fue capturado cuando jugaba fútbol con su vecinos en la cancha de la comunidad el miércoles 17, en horas vespertinas, lo que siguió a la denuncia nacional e internacional sobre esta captura que consideran “arbitraria e injustificable”, lo cual queda comprobado con su pronto liberación.
A esto se sumó la carta de denuncia interpuesta por Vidalina Morales, ante Raquel Caballero de Guevara, tutelar de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), en la que solicitó, luego de exponer los hechos, su intervención para la liberación de su hijo, y del resto de ambientalistas capturados el 11 de enero del presente año.
La liberación del joven también se en el marco de la reacción de Mary Lawlor, relatora especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, quien compartió en sus redes sociales ese mismo 17 de mayo, un tweet sobre la respuesta del gobierno de El Salvador, sobre la petición del Sistema de Naciones Unidas (ONU) sobre las capturas de los cinco ambientalistas de Santa Marta y ADES.
“He escrito al gobierno de El Salvador sobre la detención de los cinco defensores de Santa Marta y recibido una respuesta. Sigo muy preocupada por su detención. Deben ser liberados”, manifestó la relatora (@MaryLawlorhrds).
Vidalina Morales reconoció como un “triunfo” la liberación de su hijo, pero acotó que la lucha por los cinco ambientalistas detenidos desde el 11 de enero pasado continúa siendo el sentir de la campaña nacional e internacional que desarrollan por su liberación.
Dennis Stanley Muñoz, abogado defensor de los cinco ambientalistas de Santa Marta y ADES detenidos se ha dedicado por diversos recursos legales conocer las condiciones y el estado jurídico de Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega, defensoras de derechos humanos de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES-Santa Marta). Así como de Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio, líderes comunitarios, quienes residen en el municipio de Victoria, departamento de Cabañas.
“Hemos presentado un escrito en el Juzgado de Vigilancia de Sonsonate, por el caso de Saúl Rivas Ortega, quien fue trasladado del centro de salud de Quezaltepeque, La Libertad, en donde estaba privado de libertad al Centro Penal de Mediana Seguridad en Izalco, Sonsonate”, explicó el abogado.
“La motivación del escrito es porque queremos conocer las condiciones de salud de él y de mis representados en el caso de Santa Marta. Y nos parece contradictorio que se haya hecho eso de alguien que se encuentra mal de salud –sacándolo del centro de salud penitenciario, para ser trasladado a un centro penitenciario”, alegó Muñoz.
El abogado señaló que en ese centro penitenciario usualmente se encuentran personas que pertenecen a estructuras (pandilleriles), al reiterar que no eran condiciones favorables para una persona con padecimientos de una enfermedad crónica y degenerativa como la diabetes. Al que se añade que el defensor de derechos humano tiene un “daño orgánico severo”, lo que vendría a violentar su derecho de acceso a la salud.
Nos parece muy extraño, y que casualidad que la semana anterior que hubo un detonante de un escándalo a nivel mundial, cuando Naciones Unidas (ONU) pidió explicaciones al gobierno sobre la situación de estos defensores que los hayas trasladado a distitas presiones, dijo. “Y bueno, han quedado claras las mentiras que se han dicho por parte de varias instituciones del gobierno”, indicó Muñoz.
“¿Cómo es posible que al afirmar esas mentiras de respeto a las personas defensoras de derechos humanos, resultan que días más tarde realizan el traslado de Saúl Rivas Ortega, que se encuentra mal de salud. Es evidente incluso que necesita insulina y desconocemos si tiene el suministro de la insulina y si están administrándosela”, sostuvo Muñoz.
Este proceso de presentar escritos a las instancias judiciales, como los Juzgados de Vigilancia, las realizaba porque en la circunscripción territorial, estos entes judiciales deben velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas detenidas, dijo.
“Lo que queremos con estos escritos es que verifiquen si se están cumpliendo los derechos de estas personas procesadas, que tienen la calidad de inocente y en este caso Saúl Rivas Ortega, que fue trasladado a un centro penitenciario estando mal de salud”, acotó.
“Desde el mes de marzo, o sea, dos meses, no tengo contacto con ellos, como mis representados, y no tenemos comunicación para preparar la defensa técnica y con esto se están vulnerando los derechos no sólo del Código Procesal Penal del país, sino también el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos”, expresó.
“El Pacto de San José, es claro cuando habla de las garantías judiciales, donde el ciudadano detenido debe tener contacto con su abogado para preparar la defensa. Y en cuanto a su condición de salud el riesgo es grande cuando una persona se enferma y está en manos del Estado, donde las autoridades deben verificar sus derechos como integridad física, psicológica y moral.
Así como deberá responder si los detenidos mueren en manos del Estado, por eso insistimos en una visita y poder verificar el goce de sus derechos”, reafirmó Muñoz.
