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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Organizaciones de derechos humanos, juveniles y familiares de personas desaparecidas se presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR), para entregar al Fiscal General Rodolfo Delgado, una solicitud para conformar una Mesa de Trabajo que aborde estos casos que constituyen una grave violación a los derechos humanos a la población salvadoreña.
Héctor Carrillo, director de Acceso a la Justicia, de FESPAD, afirmó que existen algunos marcos legales a los que falta contenido para solventar situaciones que se derivan de este tipo de hechos de la desaparición forzada.
“Vemos positivo unas medidas que se están impulsando, pero creemos que hay otros aportes desde las organizaciones, las familias que pueden promover y eso es lo que pedimos al Fiscal Rodolfo Delgado que abra un espacio de diálogo y otras instituciones para hablar sobre el tema”, explicó Carrillo.
Las organizaciones FESPAD, ASDEHU, ACTÏVATE, Lets Grow, Red Internacional Promotores ODS, SSPAS, LÍDERES, Poder Juvenil y el IDHUCA presentaron esta petición de conformar una “Mesa de Trabajo”, que de manera integral desarrolle estrategias ágiles a los expedientes relacionados al delito de “desaparición forzada y por particulares”, que incluya la atención adecuada a familiares de las víctimas de esos delitos.
Kerlin Belloso, abogada de la Dirección de Acceso a la Justicia, también de FESPAD, sostuvo que la petición para crear esta mesa de trabajo entre la Fiscalía y otras instituciones era para lograr trabajar desde diferentes espacios y con diversas organizaciones juveniles y liderazgos comunitarios que viven esta situación en sus comunidades.
“Tenemos el dato que de enero a octubre de 2021, se presentaron alrededor de 1,555 denuncias de personas desaparecidas y es preocupante que el 34% no ha sido resuelto”, indicó.
Las organizaciones argumentan que la privación de la libertad ejecutada por particulares y la intervención o confirmación de los agentes estatales que se constituye como desaparición forzada de personas. Y por tanto la negativa de promover información del paradero de las víctimas, conforman toda la “complejidad y atrocidad” de esa práctica que transgrede la dignidad de la persona humana.
Para Belloso las organizaciones como el Servicio Social Pasionista (SSPAS), que tiene el tema de atención a víctimas, y el IDHUCA, que cuenta con su Observatorio sobre Derechos Humanos, podrían dar aportes integrales.
“Hemos visto la necesidad de plantear diferentes acciones y diferentes peticiones que tenemos a la Fiscalía General de la República y otras instituciones por esto hemos venido a presentar esta carta”, sostuvo Belloso.
Sobre las cifras oficiales las organizaciones señalan que la Fiscalía General de la República reportó entre el los años 2014 a 2019, un total de 20 mil denuncias de personas desaparecidas. Y entre enero a octubre de 2021, la Policía Nacional Civil (PNC) reveló 1,192 víctimas de desaparición, lo que evidenciaba la magnitud del fenómeno y la urgente necesidad de tomar acciones integrales al respecto.
Asimismo, destacan en la misiva que en octubre del 2021, en el desarrollo del 181 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , sobre el tema de la “desaparición forzada de personas en El Salvador”, esta al final recomendó al Estado el establecimiento de medidas preventivas para atender esta problemática que afecta a las familias salvadoreñas.
Y que ante la labor que desarrolla la Fiscalía a favor de las personas que buscan a sus familiares desparecidos, esta recomendación de la CIDH, debe estar orientada a un enfoque de derechos humanos que dé prioridad al derecho de las familias de personas desaparecidas a contar con información precisa sobre sus procesos, a recibir atención psicosocial y tener acceso a realizar propuestas que contribuyan a mejorar la respuesta estatal ante este fenómeno social.
En tal sentido, las organizaciones FESPAD, ASDEHU, ACTÏVATE, Lets Grow, Red Internacional Promotores ODS, SSPAS, LÍDERES, Poder Juvenil e IDHUCA, en el marco de la conmemoración de los 73 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos y como sociedad civil, defensoras y defensores de derechos humanos que mantienen el firme propósito de contribuir a la construcción de un Estado Constitucional y Democrático de derechos, solicitaron a la Fiscalía la creación de la Mesa de Trabajo con la participación de los familiares de víctimas.
“Con el apoyo técnico de las organizaciones de derechos humanos firmantes, cuyo mandato principal sea generar propuestas para mejorar la atención de los expedientes relacionados al delito de desaparición-forzada y por particulares, para la atención adecuada de los familiares de las víctimas de esos delitos”, explicó.
“Tomando en cuenta el derecho legítimo que les asiste de recibir información sobre sus casos, mantener un espacio de diálogo y ser atendidos en condiciones de dignidad, esta Mesa de Trabajo, debería contar, como mínimo con la participación de las instituciones que operativizan el Protocolo de Acción Urgente (PAU), la Dirección de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)”, manifestó Bellosos.
