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La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador y FESPAD exigen que se garantice la aplicación de justicia en el caso de Imelda Palacios, acusada injustamente por el delito de homicidio agravado tras sufrir abuso sexual por parte de su padrastro. Foto Diario Co Latino/FESPAD.

Defensores de derechos humanos sin protección

Daniela Rosales
@DiarioCoLatino

Claudia Argueta, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, explicó el caso de la joven Imelda Palacios de 20 años. Palacios sufrió un parto extra hospitalario, pero es acusada del delito de homicidio agravado. Imelda sufrió abuso sexual por parte de su padrastro desde la edad de 12 años.

La restricción al derecho para “defender sus derechos” surge de las acciones del juez Manuel de Jesús Santos, de Primera Instancia de Jiquilisco. Santos ha solicitado a la Policía Nacional Civil (PNC) que limite el acceso a la audiencia preliminar en contra de Imelda Palacios. El juez consideró que el grupo de asociaciones en defensa de los derechos humanos de la mujer se presentará a las instalaciones de este Tribunal a obstaculizar el paso y harán todo lo posible para sacar de las instalaciones de este centro judicial a la imputada, Imelda Palacios.

Estas declaraciones han llevado a estas organizaciones defensoras de derechos humanos a concentrarse de una forma pacífica y solidaria con Imelda Palacios.

El juez Manuel de Jesús Santos está violando el derecho de la ciudadanía al intentar evitar que defensoras y defensores de derechos humanos exijan la libertad de Palacios.

Imelda sufrió una emergencia obstétrica y abuso sexual. La defensa de Palacios solicitó a la Fiscalía General de la República realizar una prueba de ADN a la recién nacida, el resultado reveló que el padre de la hija de Imelda es su padrastro.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos exigen que se garantice la aplicación de justicia, y al juez Manuel de Jesús Santos, de abstenerse de realizar señalamientos constitutivos de delitos dirigidos hacia personas defensoras de derechos humanos y un debate serio y transparente para aprobar un marco normativo que reconozca y proteja la labor de las personas defensoras de derechos humanos.

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