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Saúl Méndez
Colaborador
Durante la audiencia preliminar celebrada en el Centro Judicial Integrado de Santa Tecla, el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla decretó la libertad del abogado ambientalista Alejandro Henríquez y del pastor José Ángel Pérez, integrante de la comunidad El Bosque.
Henríquez y Pérez permanecían privados de libertad desde mayo de 2025, tras ser capturados violentamente por acompañar a familias en riesgo de desalojo durante una protesta pacífica frente a la residencial Los Sueños.
Oswaldo Feusier, abogado defensor de Henríquez y Pérez, explicó que el caso se resolvió mediante un proceso abreviado, en el cual se les impuso una condena de dos años de prisión por el delito de resistencia agresiva y un año por desórdenes públicos. El Juzgado Segundo de Instrucción ordenó su liberación inmediata.
El proceso abreviado, detalló el defensor, constituye un mecanismo más simplificado, rápido y ágil para resolver casos que no requieren la celebración de audiencias extensas; sin embargo, en está ocasión, implicó que las personas imputadas aceptaran los hechos atribuidos en la acusación.
Feusier agregó que la aplicación de este procedimiento fue posible gracias a la autorización de la Fiscalía General de la República (FGR).
En las afueras del Centro Judicial Integrado, decenas de personas, entre familiares y amigos de los defensores, se congregaron con pancartas y consignas a la espera del fallo judicial, que finalmente resultó favorable para Henríquez y Pérez.
Ya en libertad, José Ángel Pérez y Alejandro Henríquez ofrecieron sus primeras declaraciones durante la tarde, tras abandonar las instalaciones judiciales.
“Fue un proceso muy difícil, dadas las condiciones judiciales que tenemos actualmente en el país, pero aun así se logró”, expresó Henríquez.
“Aceptamos el proceso abreviado porque era la salida legal que teníamos y la tomamos aprovechando que la fiscalía dio el visto bueno”, añadió el también abogado.
“Yo siempre seguiré en la defensa de los derechos humanos y en el acompañamiento a comunidades que han sufrido la injusticia del despojo de la tierra y el agua. Mis ideales y mi convicción no han cambiado”, reafirmó el abogado ambientalista.
Por su parte, el pastor José Ángel Pérez agradeció a las personas que respaldaron el caso y dieron seguimiento al proceso judicial, así como a las organizaciones nacionales e internacionales que manifestaron su apoyo.
No obstante, entre las medidas condenatorias derivadas del proceso abreviado se incluye la prohibición de participar, durante tres años, en actividades vinculadas a las causas que originaron el proceso penal.
Al respecto, el abogado defensor señaló que la resolución deja un “sin sabor” para la defensa.
“A nosotros, como defensa, la decisión que hoy se ha tomado no puede generarnos menos que un profundo y claro sin sabor, porque se trata de una situación en la que ellos han salido en libertad mediante la aplicación de un beneficio que implica la existencia de una condena, en la cual han tenido que confesar los hechos consignados en el dictamen de acusación”, sostuvo Feusier.
“Es una realidad contra la que no podemos luchar y que debemos aceptar, aunque resulta nimia frente a lo verdaderamente importante: que personas inocentes, que participaron el 12 de mayo en una protesta pacífica, fueron detenidas injustamente y permanecieron privadas de libertad hasta este miércoles 17 de diciembre de 2025”, agregó.
Los hechos que derivaron en la captura de José Ángel Pérez y Alejandro Henríquez ocurrieron el 12 de mayo de 2025, cuando decenas de familias de la comunidad El Bosque se concentraron frente al centro comercial Las Palmas, en Santa Tecla, para solicitar al presidente Nayib Bukele que atendiera sus demandas, luego de meses sin obtener respuesta institucional. La protesta buscaba frenar una orden de desalojo que amenazaba con dejar sin vivienda a unas 300 familias.
Durante la manifestación se desplegaron agentes de la Policía Militar y unidades antimotines, quienes empujaron y rociaron gas pimienta contra campesinos, mujeres y niños, generando escenas de caos. En ese contexto fue detenido el pastor Pérez. Al día siguiente, el 13 de mayo de 2025, el abogado Alejandro Henríquez fue capturado en San Salvador.
Tras los hechos, el presidente Bukele responsabilizó públicamente a organizaciones de la sociedad civil por los disturbios y promovió la denominada Ley de Agentes Extranjeros, que impone un impuesto del 30% a los fondos internacionales, obliga a las ONG a registrarse ante el gobierno y restringe su accionar.
Posteriormente, ambos defensores fueron acusados de los delitos de resistencia agresiva y desórdenes públicos, tipificados en los artículos 337-A y 348 del Código Penal salvadoreño. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos como la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) señalaron que se trata de delitos comunes que no justifican su reclusión en un centro penal de máxima seguridad.
Estas organizaciones también subrayaron que la figura de resistencia agresiva fue incorporada al marco legal para combatir estructuras de crimen organizado, y no para aplicarse contra defensores de derechos humanos o manifestantes pacíficos.
Tras la audiencia del 30 de mayo de 2025, un juez ordenó la prisión preventiva de ambos, quienes inicialmente fueron recluidos en una delegación policial del distrito de Colón, en el departamento de La Libertad, y luego trasladados al Centro Penal La Esperanza, conocido por albergar a personas consideradas de alta peligrosidad y donde se han documentado denuncias de torturas, tratos crueles y condiciones insalubres.
Según la defensa técnica, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) no realizó visitas ni verificaciones en el penal desde el ingreso de los defensores. Durante su detención permanecieron en total incomunicación, sin acceso al exterior y sin visitas de familiares o abogados.
Las únicas ocasiones en que fueron vistos públicamente fue durante las audiencias judiciales del 30 de mayo y del 29 de octubre de 2025, en las que se constató su deteriorado estado físico y emocional, según informó la FIDH.
En la audiencia del 29 de octubre de 2025, el Centro Judicial Integrado de Santa Tecla resolvió mantener la detención provisional de Pérez y Henríquez, argumentando “arraigos laborales, domiciliares y familiares insuficientes”, pese a que la defensa presentó abundante documentación, garantías y una caución económica superior a la inicialmente ofrecida.
La audiencia preliminar fue reprogramada para el miércoles 17 de diciembre, fecha en la que finalmente el juzgado decretó la libertad de ambos defensores mediante la aplicación del proceso abreviado.
El futuro del sistema judicial en El Salvador continúa siendo incierto. En noviembre de 2025, la FIDH instó al Estado salvadoreño a cesar de inmediato la persecución sistemática, el hostigamiento físico y judicial contra personas defensoras, comunidades y organizaciones de derechos humanos que trabajan por la protección del medio ambiente, la tierra y la justicia social.
“Nos encontramos en un contexto que no ofrece garantías ni cumplimiento del Estado de derecho; esa ha sido nuestra principal valoración en todas las recomendaciones que hemos emitido como defensa”, concluyó Oswaldo Feusier, al referirse a un proceso marcado por irregularidades y presiones estatales.
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