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José M. Tojeira
Aunque vamos avanzando lentamente, todavía podemos afirmar con bastante objetividad que en El Salvador no tenemos una cultura desarrollada de Derechos Humanos. El Estado ha sido permisivo con violaciones graves no solo en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales, sino también en el terreno de los derechos políticos y civiles. Reflejan esto las recientes y serias recomendaciones de altos dignatarios de las Naciones Unidas, advirtiéndonos en casos tan graves como las ejecuciones extrajudiciales o el intento de dar nuevas amnistías de facto a los crímenes del pasado. La despreocupación por los pobres y sus derechos está presente todavía, y con demasiada claridad, en los esfuerzos por sacar adelante una ley del agua que deje la administración de la misma en manos privadas. Son temas de la Asamblea Legislativa pero son temas pendientes. No faltan personas que acusan a las instituciones de Derechos Humanos de solo defender a criminales, especialmente cuando éstas denuncian injusticias o abusos de la Policía. Los mismos periodistas, incluidos los dueños de los grandes medios, no tienen demasiado interés en respetar Derechos Humanos. Ver en las páginas de los periódicos o en los reportajes televisivos a presos semidesnudos, en calzoncillos y descalzos, obligados a caminar agachados y bajo la amenaza de un garrote, no les parece un trato degradante. Y sin embargo es una clara violación de la Convención contra la tortura, ratificada por El Salvador, que prohíbe tratos crueles y degradantes. Tal vez por eso nuestros diputados ignorantes no dan el paso de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.
La cultura de los Derechos Humanos tampoco es frecuente en los ámbitos de la empresa y sus instituciones. Hay efectivamente algunos empresarios conscientes de los problemas, pero son minoría. Otros se conforman con repartir algo de dinero a través de sus fundaciones. La Doctrina Social de la Iglesia dice que “ganar dinero no puede estar nunca reñido con degradar la tierra que habitamos y con someter a las personas a situaciones límites para sobrevivir”. Los bajos salarios continúan existiendo y siguen situando a una buen parte de la población en situaciones límite. Y en cuanto la degradación de la tierra, una serie de empresas de la construcción han abusado de esa actividad maligna que es deforestar. La insuficiencia crónica renal no se trabaja a fondo en El Salvador por el miedo a que se descubra que el uso de químicos agrícolas es parte del problema. El dinero rápido ciega e impide ver el dolor de los pobres.
Tampoco a nivel gubernamental ha crecido el respeto a los DDHH como debiera. Se suele poner como ejemplo de avance el inicio tras la guerra de la Procuraduría para la Defensa de los DDHH. Ciertamente ha sido un buen paso. Pero a pesar de sus esfuerzos no han conseguido cambiar el lenguaje de los políticos, cínico a veces y directamente enfrentado en otras con los DDHH. Tampoco se han frenado unos índices demasiado altos de violencia policial o de mal trato en las prisiones. Las últimas decisiones anunciadas por el ministro de Defensa, que tienden a militarizar cada vez más la seguridad pública, dándole facultades a los comandantes de batallones para entrar en acción en casos de conflicto, constituyen una nueva amenaza, dada la escasa preparación de la Fuerza Armada para labores de seguridad ciudadana. Ya hemos hablado de las limitaciones de los despidos masivos y las formas de hacerlos o la nueva presencia en el mando policial de personas que no entienden de DDHH. Si el Gobierno tiene problemas, la Asamblea Legislativa actual bate los récords de desinterés por los DDHH.
Quienes conocen algo del tema son escasos en esta institución republicana. Y con frecuencia ni se atreven a enfrentarse con sus colegas diputados cuando algunos de ellos hablan auténticos disparates frente a convenciones y normativas de derechos básicos. Incluso en la Corte Suprema no faltan algunos ignorantes, aunque sean minoría (esperamos) que no saben manejar bien el tema del derecho internacional como fuente de obligaciones para El Salvador.
Por todo ello, crear cultura de Derechos Humanos es una verdadera urgencia en nuestro país. La escuela, las Iglesias y el conjunto de la sociedad civil tienen como desafío crear una nueva cultura al respecto.
