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Saúl Méndez
Colaborador
El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) convocó a una concentración pacífica en el redondel José Martí para exigir al Estado el fin del régimen de excepción, en el marco de los cuatro años de su vigencia, que a la fecha ha dejado al menos 500 personas fallecidas bajo tutela estatal desde su implementación el 27 de marzo de 2022.
Samuel Ramírez, coordinador de MOVIR, reconoció que la lucha contra las pandillas y la criminalidad ha sido una demanda histórica de la población salvadoreña. Sin embargo, reiteró que combatir el crimen no puede implicar la vulneración de derechos humanos ni el sacrificio de la justicia.
Las exigencias del movimiento también surgen tras la 49.ª prórroga del régimen de excepción, aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado viernes 27 de marzo, medida que organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos consideran ha vulnerado los derechos de miles de personas sin perfiles criminales ni vinculación con pandillas.
El régimen de excepción surgió luego de que, entre el 25 y 27 de marzo de 2022, se registrara un aumento considerable de homicidios. El sábado 26 de marzo de ese año fue considerado el día más violento en la historia reciente de El Salvador, con 62 homicidios en una sola jornada atribuidos a pandillas. Este pico de violencia, concentrado principalmente en el departamento de La Libertad, llevó al Gobierno a solicitar a la Asamblea Legislativa la aprobación de un estado de excepción para “combatir frontalmente a las pandillas”.
Antes de este episodio, El Salvador mostraba una reducción sostenida en los homicidios, en el marco del Plan Control Territorial impulsado por el Ejecutivo como eje central de su estrategia de seguridad.
Sin embargo, el repunte de violencia generó incertidumbre. Analistas interpretaron los hechos como una posible presión de las pandillas hacia el gobierno de Nayib Bukele.
El Ejecutivo negó cualquier vínculo con negociaciones previas. Aun así, investigaciones periodísticas señalaron posibles tensiones entre el Estado y estructuras criminales.
En los años siguientes, los homicidios registraron una reducción significativa. No obstante, organismos internacionales han advertido sobre posibles violaciones a los derechos humanos.
Amnistía Internacional ha documentado, mediante entrevistas con miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), víctimas, familiares, organizaciones de derechos humanos y movimientos de víctimas, que muchas detenciones se realizaron bajo la imposición de cuotas diarias, denuncias anónimas y factores discriminatorios, como tener tatuajes o residir en comunidades estigmatizadas por la pobreza y la violencia de pandillas. En más de 60 casos documentados por la organización, no se encontraron órdenes administrativas o judiciales ni investigaciones previas que sustentaran dichas detenciones.
Socorro Jurídico Humanitario señaló en un informe reciente que, en El Salvador, al menos 504 personas han muerto en prisión bajo el régimen de excepción sin haber sido vencidas en juicio. El 94 % no tenía perfil de pandillero. “Murieron bajo la tutela del Estado, en total impunidad. Esto no es ‘control’, es una violación sistemática de derechos humanos”, afirmó la organización.
“La cifra real de fallecidos podría superar el millar, pero permanece oculta en juicios masivos y sin garantías. Recordar estos hechos es un deber; callar es ser cómplice. La seguridad no puede construirse sobre la sangre de inocentes ni sobre la negación de la justicia”, añadió.
En este contexto surge el MOVIR, el 16 de agosto de 2022, como una respuesta urgente ante las graves violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el régimen de excepción en El Salvador.
“Comenzamos a documentar y acompañar cientos de casos de detenciones arbitrarias, muchas sin el debido proceso, que afectan principalmente a comunidades pobres ya golpeadas por la violencia”, explicó el movimiento.
“En MOVIR trabajamos de forma solidaria, sin recibir ningún tipo de pago de las víctimas. Acompañamos a más de 5,000 familias salvadoreñas y extranjeras, en su mayoría mujeres adultas mayores, que hoy luchan por demostrar la inocencia de sus seres queridos. En varios casos, familias enteras han sido detenidas, dejando a niños y niñas en situación de desprotección. Se estima que unas 200 mujeres han dado a luz en prisión, algunas junto a sus bebés en condiciones indignas en la Granja de Izalco, donde al menos cuatro recién nacidos han fallecido sin reconocimiento oficial del gobierno”, denunció.
A cuatro años del régimen de excepción, ya establecido como política estatal de seguridad, las víctimas exigen la liberación de miles de personas inocentes privadas de libertad sin pruebas suficientes ni vínculos criminales.
También demandan el cese de capturas sin orden judicial, detenciones arbitrarias, abusos policiales y procesos sin respeto al derecho a la defensa, prácticas que también han sido utilizadas contra defensores de derechos humanos, ambientales y activistas.
Para MOVIR, persiste un clima de miedo, persecución y estigmatización que afecta gravemente a comunidades vulnerables, con detenciones de familias enteras y personas enfermas, incluidas mujeres embarazadas y adultos mayores.
Asimismo, denunciaron la existencia de trabajo forzado en personas en prisión preventiva, quienes realizan labores para el gobierno en condiciones precarias, sin compensación ni garantías mínimas.
De igual forma, piden el cese de los juicios masivos que podrían derivar en condenas colectivas de personas inocentes, tras años de detención sin pruebas.
La movilización convocada por MOVIR culminó frente a la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes), donde exigieron al gobierno salvadoreño y a la comunidad internacional respetar los derechos humanos y poner fin al régimen de excepción.
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