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José M. Tojeira
Uno de los vicios más arraigados en la política, view y no sólo en ella, cialis sale es usar mentiras como si fueran verdades. O manipular de tal manera algo que puede ser válido, check creíble, para olvidar o tapar otras realidades más básicas. Esta costumbre se ha enraizado con mayor gravedad en algunas personas que a través de las redes sociales mienten descaradamente, inventan cosas, o simplemente se dedican de un modo enfermizo a presuponer e imaginar siempre lo peor ante cualquier noticia. Recorrer algunas de estas mentiras usadas como verdades únicas o absolutas puede ayudarnos a ser más críticos por un lado, y por otro a establecer puentes hacia un desarrollo más equitativo y justo.
El caso más evidente de estas mentiras públicas que nos afecta de un modo brutal, con abuso de niños incluido, es el modo de llamar y desde ahí tratar a nuestros migrantes en Estados Unidos. Les llaman “ilegales”. Las prisiones, los maltratos, los abusos de niños y jóvenes son al final el fruto de ese modo tan estúpido y mentiroso de denominar a las personas migrantes. El artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es tajante al decir que “todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”. Un país que ha firmado y aceptado esta declaración no puede llamar ilegal a una persona simplemente por no haber cumplido un trámite migratorio. Y mucho menos a tratarla de facto como si no tuvieran una personalidad jurídica. Nosotros, también firmantes de la Declaración Universal, deberíamos reclamar pública e incluso legalmente cada vez que una autoridad de otro país llame ilegal a un salvadoreño. Y más cuando la ilegalidad de quienes usan la palabra ilegal contra otros llega al extremo de someter a niños a situaciones casi de esclavitud o de abuso.
Un caso complejo, porque junta verdades con silencios o con mentiras, es el discurso sobre pensiones en nuestro país. Tanto la empresa privada como los partidos políticos o el gobierno tienden a mentir de diversas maneras. Dicen verdades con frecuencia, pero cuando las verdades son en realidad medias verdades, se acaba mintiendo. Y sobre pensiones la verdad básica la encontramos en algo que es patrimonio cultural de la humanidad y que ha quedado plasmado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la que El Salvador es país signatario. En efecto, el artículo 25 de la Declaración es muy claro cuando dice que “Toda persona… tiene derecho a los seguros en caso de… vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. Esa, que todos tenemos derecho a una ancianidad digna, hoy en día decimos asegurada, es la verdad básica en el campo del sistema de pensiones. Pero esa verdad se disminuye o simplemente se falsea cuando se habla del sistema de pensiones de El Salvador, que no cubre ni siquiera a una cuarta parte de la población. En otras palabras, que quienes hablan del sistema de pensiones, aunque digan algunas verdades, de un signo o de otro, mientras no reconozcan que hay que crear un sistema de pensiones universal y no hagan el esfuerzo de caminar hacia el mismo, nos están mintiendo. Y nos mienten porque hablan de un sistema concreto de pensiones como si fuera bueno, cuando en realidad es un sistema de pensiones elitista, reducido en su cobertura y que deja al margen un derecho fundamental de la ciudadanía. Una madre campesina, dedicada a los oficios del hogar y que ha sacado adelante 8 o 10 hijos, tiene más derecho a pensión que cualquier funcionario de este país. El que no diga eso públicamente al hablar de pensiones es un mentiroso. Porque oculta una situación de injusticia flagrante mientras aparece como defensor de determinados derechos de un sector elitista. Los derechos básicos son universales, y eso ni se puede ni se debe ocultar. Se pueden defender derechos parciales, pero no a base de olvidar derechos universales.
Otros casos son más simples. El Presidente del COENA, Jorge Velado, decía recientemente en una entrevista en La Prensa Gráfica que al defender a los militares imputados en España en el caso jesuitas, “no defendemos personas, defendemos la ley”. Por supuesto D. Jorge Velado tiene completo derecho a defender sus interpretaciones legales. Pero llama la atención que eso de defender la ley no lo aplique a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que piden que se abra de nuevo el caso jesuitas en El Salvador y que continúa pendiente y vigente desde el gobierno del presidente Flores. En términos jurídicos El Salvador ha firmado un tratado en el seno de la OEA en el que se exige poner los mejores esfuerzos para cumplir las recomendaciones de la Comisión mencionada. Y se trata de un tratado internacional que está por encima de la legislación secundaria vigente, amnistías y prescripciones incluidas. Pero el cumplimiento de esa ley no parece interesarle en absoluto a D. Jorge. Y eso que si se hubiera cumplido esa recomendación de la CIDH, el caso no se hubiera abierto en España. Pero aquí somos expertos en violar nuestras propias leyes cuando nos da la gana y después sacar pecho nacionalista cuando nos conviene, mintiendo a la población y diciéndole que estamos siempre del lado de la ley. Nuestros periódicos grandes ayudan con frecuencia a ello. Controlan flujos de información en direcciones no siempre coherentes con la universalidad de los derechos básicos, y de esa manera le mienten también al público. En este mismo caso de los jesuitas es notable el flujo de noticias en contra del juicio en España, mientras que el problema de fondo de un juicio interno lleno de debilidades y opciones judiciales en favor de la impunidad no se toca en absoluto. La libertad de prensa hay que defenderla siempre, incluso cuando actúa mal. Pero cuando la libertad de prensa se maneja de tal manera que sustituye y disminuye en la práctica la libertad de expresión, se convierte en una libertad utilizada para mentir. Y hay que recordarles en ese momento a algunos medios que están utilizando su tinta y sus mensajes con muy poca ética.
Usar la mentira como verdad es siempre una realidad que daña la convivencia social. Y ciertamente se practica demasiado en El Salvador. En el área de la política, pero también en el de la cultura, los negocios o incluso en la religión. Al final esa tendencia ha provocado que un testigo “criteriado” sea más creíble para algunos que una Comisión de la Verdad. Pero afortunadamente hay signos de algo va cambiando. La creciente cultura de transparencia nos está obligando a dar información y a exigir responsabilidades. Queda aún en demasía la tendencia, muchas veces afianzada fuertemente en los sectores más poderosos de la política o de la economía, a decir mentiras con rostro de verdad. Partir de datos concretos y de valores universales es necesario. Los valores deben ir acompañados de datos fehacientes. Y los datos, si no responden a valores universales, sirven de muy poco. Abrir el debate con mucha más amplitud, lucidez y compromiso con el futuro es indispensable.
