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Omar Salinas
Ingeniero en Energía y Analista en Política Pública
Durante décadas, Costa Rica fue presentada como la excepción virtuosa de Centroamérica: un país sin ejército, con instituciones sólidas, estabilidad política y una cultura democrática aparentemente blindada frente a las tendencias autoritarias de la región. Ese relato, repetido por organismos internacionales, académicos y élites locales, funcionó como un escudo simbólico. Hoy, sin embargo, ese escudo muestra grietas evidentes. La imagen construida de país modelo ya no inspira admiración; genera incomodidad y, en ciertos momentos, pena ajena.
El problema no es un gobierno en particular ni una figura específica, sino el agotamiento de un modelo político que vivió demasiado tiempo de su prestigio pasado. Costa Rica confundió estabilidad con inmunidad. Mientras otros países enfrentaban crisis abiertas, su sistema político se fue vaciando por dentro: partidos tradicionales convertidos en estructuras sin proyecto, una clase política desconectada de la sociedad y contrapesos institucionales que, aunque formales, comenzaron a perder legitimidad social.
Ese desgaste creó el terreno para la emergencia de liderazgos confrontativos y personalistas. Cuando el sistema deja de representar, aparece quien promete imponer orden desde afuera. No es un fenómeno exclusivo de Costa Rica; es una dinámica global. Pero aquí el contraste resulta más crudo porque choca frontalmente con la narrativa histórica que el país construyó sobre sí mismo.
La confrontación permanente entre el Ejecutivo y las instituciones de control no es un accidente ni una simple diferencia de criterios. Es una estrategia política. Desprestigiar a la Procuraduría, cuestionar al Poder Judicial o ridiculizar a los órganos técnicos permite concentrar poder sin romper formalmente el marco legal. El deterioro no ocurre de golpe; se normaliza. Cada ataque se presenta como corrección necesaria y cada debilitamiento como reforma. El resultado es una institucionalidad que existe en el papel, pero pierde capacidad real de incidencia.
A esto se suma el deterioro de la seguridad y el avance del narcotráfico, fenómenos que durante años Costa Rica creyó ajenos a su realidad. El aumento de la violencia no es solo un problema criminal; es un catalizador político. El miedo habilita discursos de mano dura, simplificaciones peligrosas y soluciones que sacrifican controles en nombre de la eficacia. En ese contexto, el Estado de derecho deja de ser un valor compartido y pasa a verse como obstáculo.
El colapso del sistema de partidos completa el cuadro. La fragmentación electoral, la debilidad organizativa y la ausencia de proyectos de largo plazo impiden articular una oposición con capacidad real de incidencia. No se trata de falta de voces críticas, sino de incapacidad para traducirlas en poder político efectivo. El debate público se empobrece: gritos en lugar de argumentos, escándalos en lugar de propuestas.
Lo más preocupante es que una parte significativa de la sociedad acepta este proceso como un mal menor. El cansancio con la política tradicional, la frustración económica y la percepción de inseguridad generan una disposición peligrosa: tolerar el debilitamiento institucional si a cambio se promete orden o castigo a las élites tradicionales. El prestigio histórico del país, lejos de funcionar como freno, actúa como anestesia. Se asume que aquí no puede pasar, incluso cuando las señales son claras.
El problema es también cultural. El mito del país modelo dificulta una autocrítica honesta. Mientras otros reconocen sus crisis, Costa Rica todavía discute si la crisis existe. Esa brecha entre realidad y discurso es lo que vuelve la situación incómoda de observar desde fuera. No porque el país esté peor que otros, sino porque la distancia entre lo que dice ser y lo que está siendo se ha vuelto demasiado grande.
Costa Rica no ha dejado de ser una democracia, pero sí ha comenzado a vaciarla de contenido. El retroceso no se manifiesta en rupturas abruptas, sino en la erosión cotidiana de los contrapesos y en la aceptación social de prácticas antes impensables. Pasar del supuesto país modelo a la pena ajena no es inevitable, pero sí una advertencia: ninguna democracia se sostiene solo por su historia. Sin renovación política y sin ciudadanía crítica, el prestigio termina convertido en caricatura.
