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@arpassv
Un grupo significativo de organizaciones progresistas y democráticas pidieron, esta semana, participar en la mesa de diálogo fiscal propuesta por el gobierno con los partidos políticos, en el marco de la discusión sobre el financiamiento del presupuesto estatal para el próximo año.
Las organizaciones -cercanas a la izquierda gobernante- plantean que la política fiscal no debe ser una discusión únicamente entre el Ejecutivo y los partidos, sino un debate abierto y transparente que incluya a los diversos sectores de la población, sobre todo porque son estos los que más contribuyen al fisco con el pago del IVA y otros impuestos al consumo.
Entre las organizaciones demandantes están: CDC, ACUA, COLPROCE, CONFRAS, ASGOJU, Plataforma AltavozES, Movimiento 5 Más, IMU, Foro de la Salud y otras que denuncian las estrategias de desestabilización de la derecha oligárquica y apoyan críticamente al gobierno.
Las organizaciones critican la fallida estrategia gubernamental de dialogar solo con ARENA y la ANEP, sus principales adversarios políticos; y proponen al Ejecutivo construir una alianza con el pueblo para cambiar la correlación.
Esta crítica es válida. El principal error de la estrategia política del gobierno es que -para “mantener la gobernabilidad”- prefiere no convocar al pueblo a hacer frente común para movilizarse y presionar a la derecha, que mantiene un boicot permanente contra las finanzas públicas.
En su “realismo político”, la izquierda gobernante no ve más opción que sucumbir ante la derecha oligárquica. “La única alternativa es confiar en ARENA”, es la frase tristemente célebre del flamante ministro de Hacienda Carlos Cáceres, que mejor sintetiza esa actitud derrotista y entreguista. Cáceres también llamó al FMLN a “ser generoso y reducir el gasto público”, en vez de exigir -por ejemplo- que los grandes empresarios evasores paguen los impuestos que deben.
Las organizaciones también cuestionan la reducción de subsidios a la gente, mientras se mantienen intactas las exenciones e incentivos fiscales para las empresas y no se modifican las leyes que permiten la elusión o evasión legal.
Las organizaciones proponen que en la mesa de diálogo fiscal se discutan medidas contra la evasión tributaria, se revisen los privilegios fiscales de las empresas y se plantee una reforma progresiva donde “paguen más quienes tienen más”. Rechazan incrementar el IVA y, en vez de eso, exigen que se grave el patrimonio y las ganancias empresariales.
Ojalá que el Presidente Salvador Sánchez Cerén atienda la demanda legítima de las organizaciones y no siga cometiendo el error garrafal de negociar con sus adversarios, sin echar mano del apoyo de sus aliados. La izquierda gobernante debería buscar la correlación con el pueblo.
