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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
Diversas organizaciones ambientalistas y de derechos humanos que conforman el colectivo “Salvemos Valle El Ángel” pidieron ayer a la Sala de lo Constitucional someta a estudio la demanda de inconstitucionalidad en contra de un convenio firmado entre la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y una empresa constructora.
El colectivo señala que el estudio de la demanda de inconstitucionalidad con referencia 78-2019, presentada el 4 de octubre de 2019, ni siquiera se ha dado por admitida por el tribunal constitucional.
“No es posible que la Sala de lo Constitucional esté resolviendo casos más complejos fáctica y jurídicamente como el del régimen de excepción durante la pandemia y esté dilatando un proceso en el que ya existe legislación y jurisprudencia abundante”, comentó Alejandro Henríquez, miembro del colectivo.
La demanda de inconstitucionalidad expone que la ANDA, bajo la dirección de Marco Fortín suscribió en febrero de 2016 un convenio con la sociedad Dueñas Hermanos Limitada, para que esta ejecutara obras de perforación de ocho pozos profundos en el municipio de Apopa destinados a abastecer el proyecto urbanístico Ciudad Valle El Ángel. El acuerdo permitiría a la constructora extraer hasta 240 metros cúbicos de agua por segundo por plazo de quince años.
La acción se habría tratado de una “concesión encubierta”, aseguran los demandantes, puesto que se está otorgando derechos de explotación de un bien público a un particular. Los demandantes alegan que solo la Asamblea Legislativa tiene la facultad para dar concesiones por lo que el convenio entre ANDA y la sociedad es ilegal.
El colectivo urgió a los magistrados sobre la necesidad de estudiar la demanda tras más de diez meses de su presentación, además reiteró que deben establecerse la medida cautelar de la suspensión de los efectos del convenio firmado.
