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Ciudad de México/Sputnik
El cónsul honorario de Nicaragua en el norte de México, Elías Valdés Cabrera, es el dueño de una empresa privada encargada de vigilar el centro de detención de Ciudad Juárez donde el pasado martes murieron 39 migrantes en un incendio, reportaron este jueves medios locales.
Un documento del Registro Público de Comercio, publicado por el noticiario Radio Fórmula y varios medios nacionales, señala que el empresario y diplomático nicaragüense es «administrador único» de la empresa que ha logrado contratos con el Instituto Nacional de Migración (INM).
Valdés Cabrera es socio mayoritario y administrador único desde 2020 de la compañía Servicios Especializados de Investigación y Custodia (Seicsa), según los documentos publicados.
El monto total de los contratos asciende a unos 3.000 millones de pesos (más de 165 millones de dólares), entre 2019 y 2022.
Según el Diario Oficial de la Nación, el título de Cónsul Honorario de Nicaragua le fue otorgado a Valdés Cabrera en 2020, cuando el Gobierno del presidente Daniel Ortega concedió una autorización consular (‘Exequátur’) para desempeñar su función en Saltillo, capital del estado Coahuila, fronterizo con EEUU.
INVESTIGACIONES
El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado este jueves sobre la empresa del cónsul nicaragüense, después de que el martes dijo que la custodia de los migrantes detenidos el fin de semana con fines de extradición estaba a cargo del INM y una empresa privada, que no identificó entonces.
El gobernante respondió que el miércoles pasado «se informó que se estaban tramitando órdenes de aprehensión, y creo que hoy a las 3:00 de la tarde (21:00 GMT) se va a informar sobre el castigo a presuntos responsable de estos lamentables hechos (…), no va a haber impunidad».
De los 130 contratos obtenidos por la empresa propiedad del diplomático, fundada en 2005, sólo uno fue otorgado en la administración federal anterior, y el resto en los primeros cuatro años del sexenio de López Obrador.
Según datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, citados por otros reportes de prensa, entre marzo de 2021 y diciembre de 2022 la empresa Seicsa se encargó de proteger 598 estaciones migratorias del INM, como la de Ciudad Juárez, donde además resultaron 29 heridos graves en el reciente siniestro.
El periódico La Jornada publicó que, en los últimos tres años, el INM pagó 693 millones de pesos (38,5 millones de dólares) a empresas privadas de seguridad «por el resguardo de los inmuebles del organismo, entre ellos los centros de detención migratoria».
López Obrador reiteró su pésame a los familiares de los migrantes fallecidos: «es un asunto muy doloroso, muy triste».
«Tu pregunta va a ser respondida», anticipó el jefe del Ejecutivo al periodista que le presentó los datos del hallazgo, sin desmentir la versión.
La titular de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, presentará junto a funcionarios de la Fiscalía la actualización de las pesquisas, en la tarde del jueves.
«Hablé con el fiscal para pedirle que no haya ningún tipo de consideración más que el de hacer justicia, que actúen con profesionalismo, con absoluta libertad, y que se descarte la impunidad», puntualizó el gobernante.
La contratación de seguridad privada en oficinas del Gobierno ha sido cuestionada por el Gobierno, pero en los primeros años del sexenio comenzó a abandonar la promesa de eliminar los servicios de subcontratación de vigilancia.
Hasta la fecha no se ha presentado una denuncia contra la firma mencionada tras el incendio.
La Jornada dijo que «el Gobierno federal se ha rehusado a dar el nombre de la firma, presuntamente de origen extranjero, pero ha asegurado que ésta no trabajará más en México».
Ocho funcionarios públicos y privados han sido identificados como posibles responsables de la muerte de 39 migrantes de Centro y Sudamérica en el incendio.
Las autoridades federales emitirán órdenes de detención contra dos agentes federales, un agente estatal de migración, así como cinco elementos de una empresa de seguridad privada, dijo Rodríguez, jefa del gabinete del Ejecutivo federal.
Según la lista de la Fiscalía General, en la estación migratoria estaban detenidos con fines de deportación 28 guatemaltecos, 13 hondureños, 12 venezolanos, 12 salvadoreños, un colombiano y un ecuatoriano
