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Javier Argueta, asesor jurídico de Casa Presidencial, mantiene un discurso que reabrir el caso de los jesuitas se debe a que, los salvadoreños deben conocer la verdad. Foto: Diario Co Latino/ Cortesía.

Con la reapertura del caso jesuitas, la FGR podría presentar requerimiento contra autores intelectuales

Samuel Amaya

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Sobre la reapertura del caso jesuitas, el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, comentó en una entrevista matutina que “es una exigencia de justicia jurídica-legal donde el nivel de impunidad que ha existido se pretende eliminar”.  En dicha entrevista, en Frente a Frente, resumió parte del proceso judicial que se ha enfrentado desde 1991 a la fecha. En estos días, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia tiene que pronunciarse ante la resolución de la Sala de lo Constitucional que ordena dejar sin efecto la resolución emitida en septiembre 2020 donde declaró nulidad absoluta sobre los actores involucrados en dicha masacre efectuada en 1989 por efectivos militares.

De acuerdo con Argueta, si la Sala de lo Penal anula su propia resolución del año 2020, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, quedaría habilitado de continuar desde el Juzgado de Paz las acciones contra los autores involucrados en la masacre.

“Esto lo que produce es que, si el fiscal general, por ejemplo, pide una orden de detención a las personas respectivas, pues tendrá que girarse esa orden de detención. Si el fiscal general pide medidas cautelares como la detención provisional a los posibles autores intelectuales de la masacre de los sacerdotes jesuitas y las dos colaboradoras, entonces también se tendrá que hacer una detención provisional”, comentó Argueta.

El funcionario agregó que el Ministerio Público tiene las pruebas suficientes para proceder, pero también estaría en sus facultades el poder realizar más actos para efectos de llegar a un elemento probatorio robustecido, “pues lo hará”.

En el año 1989 el presidente de la República de El Salvador fue Alfredo Cristiani, que además era el comandante general de las Fuerzas Armadas, por ende, las decisiones debían pasar por él. Sin embargo, él ha rechazado algunas acusaciones que lo vinculan en el caso. Situación muy similar a la del exdiputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodolfo Parker, a quien lo señalan de alterar u obstaculizar pruebas.

Fue el 5 de enero de este año que la Sala de lo Constitucional impuesta por Nuevas Ideas decidió reabrir el caso de la masacre de los jesuitas, dando un plazo de diez días hábiles para un pronunciamiento a la Sala de lo Penal. Esta decisión no fue consultada con las víctimas, la Compañía de Jesús, o la misma UCA.

Postura sobre marcha del domingo

El asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, también se refirió sobre la marcha de este domingo, donde miles de salvadoreños conmemoraron la firma de los Acuerdos de Paz. A juicio de Argueta fue “una marcha siempre financiada por los grupos políticos de ARENA y el FMLN, eso está bastante evidenciado. En las marchas se está dando mucha violencia”, agrego.

Sobre las decenas de denuncias de retenes que se realizaron desde el sábado por la tarde, para impedir la marcha, de acuerdo con las denuncias ciudadanas, Argueta sostuvo que la Policía Nacional Civil junto a la Fuerza Armada tiene un proyecto de plan de seguridad pública “donde los retenes son permanentes, están ahí siempre como parte del Plan Control Territorial, contempla la prevención en fin de semana”. Sin embargo, dichos retenes no son implementados en cualquier fin de semana.

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