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Saúl Méndez
Colaborador
Las comunidades repobladas de Cabañas, Chalatenango, Cuscatlán, Usulután y otros departamentos del país, conformadas tras el conflicto armado por familias desplazadas forzosamente, se pronunciaron recientemente, junto a organizaciones sociales, movimientos populares y distintos sectores de la sociedad salvadoreña, para reivindicar la vigencia, importancia y significado histórico de los Acuerdos de Paz, a 34 años de su firma.
Comunidades como Santa Marta, en Cabañas, surgidas del retorno voluntario y organizado de exrefugiados a inicios de la década de 1990, coincidieron en que los Acuerdos de Paz pusieron fin a “doce años de cruenta guerra civil y cinco décadas de militarismo atroz”, y rechazaron que estos sean calificados como “una farsa”, como sostiene el discurso oficial del actual gobierno, al que calificaron de negacionista.
“Los Acuerdos de Paz son fundamentales para las comunidades que sufrimos represión, persecución y exilio antes y durante el conflicto armado”, afirmaron las comunidades.
Si bien reconocieron que la «democracia liberal-representativa» surgida tras los Acuerdos ha sido insuficiente para resolver los problemas estructurales del país, enfatizaron que dicha limitación no justifica la imposición de una “democracia totalitaria”, la cual constituye “una nueva dictadura”.
“Como comunidades históricas proponemos una nueva democracia, participativa, en la que la población pueda decidir directamente sobre los asuntos que afectan su vida”, sostuvieron.
De acuerdo con las comunidades repobladas, la falta de eficacia del modelo democrático posterior a los Acuerdos se explica por la implementación de un modelo económico excluyente, contrario a los principios y objetivos democráticos.
“Mientras el pueblo salvadoreño celebraba la llegada de la paz, la oligarquía y sus operadores políticos impusieron el neoliberalismo, profundizando la exclusión y las desigualdades que originaron la guerra”, aseguraron.
Las comunidades históricas indicaron además que este esquema económico persiste y que el actual gobierno impulsa una versión aún más radical, “llegando incluso a medidas de corte anarco-capitalista, como el uso del bitcoin”, alertaron.
En ese contexto, las comunidades propusieron la construcción de un nuevo modelo económico-social, productivo, incluyente, solidario y sostenible, que priorice la justicia tributaria, la soberanía alimentaria, pensiones dignas, el apoyo a la micro y pequeña empresa, el fortalecimiento de la salud y la educación públicas, oportunidades para la juventud, empleos dignos, salarios justos, protección a los sectores vulnerables, combate a la pobreza y a la concentración de la riqueza, así como el cuidado del agua y del medioambiente.
Por otra parte, recordaron que en enero también se conmemoran 94 años de la rebelión de los pueblos originarios y del posterior genocidio y etnocidio de 1932.
“Más de 30 mil personas fueron masacradas por exigir su derecho a la tierra y mejores condiciones de vida. Las comunidades históricas queremos unir esfuerzos con las comunidades y organizaciones indígenas para luchar por el sueño de nuestros ancestros de un país mejor, que sigue siendo también nuestro sueño”, manifestaron.
Las comunidades reiteraron, además, el llamado a los sectores que participaron en el encuentro de Mesa Grande, Honduras, realizado el 10 de enero de este año, a informarse adecuadamente, perder el miedo, asumir una postura digna y organizarse para defender sus derechos, combatir las injusticias y revertir los abusos del actual gobierno, al que calificaron de “mentiroso, corrupto y autoritario”. Unas cinco mil personas llegaron a Mesa Grande.
“Esta organización social es una condición necesaria para construir una nueva democracia y un nuevo modelo económico”, enfatizaron.
Asimismo, advirtieron que la población tiene en sus manos la posibilidad de transformar la situación nacional, marcada por la destrucción ambiental, la persecución política, los desalojos, la corrupción, la aporofobia, el aumento de la pobreza y la extrema pobreza, la militarización, la privatización de la salud y una seguridad pública “dudosa, insuficiente y violatoria del debido proceso”.
“Solo así podremos volver a prohibir la minería, recuperar el río Lempa y otras fuentes de agua, poner fin al inconstitucional régimen de excepción, implementar políticas fiscales progresivas donde paguen más quienes tienen más, evitar la privatización de la salud y avanzar hacia la soberanía alimentaria, el empleo digno, salarios justos y precios accesibles”, expresaron.
Finalmente, las comunidades repobladas señalaron que en Mesa Grande se propuso declarar 2026 como el año del despertar ciudadano, con el objetivo de impulsar estas luchas sociales.
“Ese es nuestro llamado urgente y nuestra propuesta a todos los salvadoreños y salvadoreñas que aspiramos a un país mejor, con una nueva democracia y un nuevo modelo económico”, concluyeron.
