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Comunidades de Soyapango exigen al presidente de ANDA, Frederick Meza, que el agua potable sea distribuida de forma equitativa. Foto Diario Co Latino/Archivo.

Comunidades demandan del Gobierno garantizar el derecho humano al agua

Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino

“Nosotros demandamos que el presidente de ANDA (Frederick Benítez) explique la razón que no tiene equidad en la entrega del vital líquido, porque en las colonias Escalón, San Benito y Santa Elena cuentan con agua a diario y a nosotros solo nos llega el servicio entre nueve a doce días al mes y nosotros somos seres humanos también”, dijo Ricardo Aguilar (COFOA).

Las comunidades de Soyapango que integran las organizaciones de la Pastoral Social de la parroquia Santa María de Guadalupe, así como de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) y Comunidades de Fe para la Acción (COFOA), junto al Colectivo Socioambiental “Cuidemos la Casa de Todos”, se pronunciaron por un enfoque integral de la Ley General de Aguas y Saneamiento, que cumplió su décimo tercer año de no ser aprobada por la Asamblea Legislativa.

Aguilar pidió que el ente rector que se establezca, además de contar con un carácter público, cumpla con elementos de integración como elevarlo a rango constitucional de derecho humano y dar protección a las cuencas hidrográficas, así como la participación de las comunidades, para tomar decisiones de país.

“No queremos que después de arreglado el problema en la planta de Las Pavas sea entregada en bandeja de plata al mejor postor que quieren adueñarse del vital líquido, porque ya pasó anteriormente. Entonces, que  quede claro: vamos a dar la lucha”, sostuvo el líder comunitario. Danilo Pérez, director ejecutivo de Centro por la Defensa del Consumidor (CDC), sobre el tema del subsector de agua y mantenimiento, afirmó que 600,000 personas en el territorio nacional no tienen ningún acceso al agua potable y saneamiento, y un millón cuentan con un servicio -pero deficiente- lo que consideró una repercusión grave a los derechos humanos de la población salvadoreña.

“Esta situación no es nueva, pero tampoco ha sido atendida como debería y todo por una mala gestión del recurso hídrico que permite la extracción indiscriminada por empresas e industria, que han venido deteriorando su disponibilidad, sumado a la deforestación y contaminación, que lo agrava la falta de inversión adecuada para el abastecimiento de la población”, expresó.

Asimismo, reiteró que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha dicho que la crisis del agua en el país obedece a dificultades en la gobernabilidad y la forma en que se toman las decisiones en la utilización, asignamiento y conservación del recurso hídrico.

“Los datos son concretos en la última encuesta de evaluación del año 2019, realizada por el IUDOP, reflejó que de cada 100 salvadoreños, 90 de ellos consideran que aprobar la Ley General de Agua es de urgencia a aprobar. Y de que un 84 % afirmó que el ente rector deber ser estatal”, acotó.

Guillermo Navarro, de Cáritas El Salvador, al referirse a la crisis de abastecimiento por el agua señaló el alto grado de contaminación de los ríos, como el Lempa, que se encuentra en una encrucijada que podría debilitarlo hasta llegar a su extinción como recurso hídrico para el país. “Es por esto que hemos venido insistiendo en un Tratado de Aguas Transfronterizas, porque somos aguadependientes y es urgente que el gobierno de El Salvador, comience a tomar medidas de carácter estratégico para las aguas del río Lempa; porque, sin él, El Salvador es inviable. Podemos hablar de presupuestos, de elecciones o cualquier otro tema, pero si no atendemos la urgencia del rescate del río Lempa, pues la vida, la economía y todo será inviable”, puntualizó.

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