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Redacción Nacionales
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La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión emitió un dictamen favorable para prorrogar, hasta el 28 de junio de 2026, la entrada en vigor de la Ley de Energía Nuclear.
El objetivo de la extensión es incluir las recomendaciones de organismos internacionales especializados, que señalan la importancia de tener un sistema jurídico integral y debidamente articulado para garantizar su correcta aplicación y efectivo cumplimiento, según se comentó en la instancia legislativa que sesionó este viernes.
Los legisladores recordaron que El Salvador es el primer país de la región que tiene una normativa para implementar la energía nuclear. El Gobierno salvadoreño ha ratificado tratados internacionales que regulan el aprovechamiento de la energía nuclear, “garantizando el estricto cumplimiento de los principios de seguridad física y tecnológica en todas las actividades, instalaciones y prácticas relacionadas con la materia”.
Es en ese sentido que la normativa regulará las instalaciones, actividades y prácticas a desarrollarse, creando una estructura institucional para su regulación, control y supervisión, garantizando la protección de la salud, seguridad y bienestar de las personas y la preservación del medio ambiente.
La ley fue aprobada el 22 de octubre de 2024 por la Asamblea Legislativa. Seis días después, el decreto legislativo fue publicado en el Diario Oficial No. 205, en donde se notificó que la ley entraría en vigencia un año después, es decir, el 28 de octubre de 2025.
Según el oficialismo, con la producción de energía nuclear, el país tendrá un bajo impacto en el medio ambiente, la reducción al mínimo de los gases de efecto invernadero causantes del calentamiento global y el cambio climático. Además, podrá contar con abastecimiento eléctrico permanente –una producción todo el año- que no se verá afectado por condiciones meteorológicas.
También, según el oficialismo, los precios serán más estables, baratos y predecibles, debido a que no dependerá de variantes internacionales como sucede con los hidrocarburos. Se reducirá la dependencia energética de los países petroleros, ya que los costes de funcionamiento son bajos y se cumple con compromisos de descarbonización.
De acuerdo al articulado de la ley, las instituciones que controlarán el proyecto será la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, que se encargará de las regulaciones en la materia. La Dirección de Regulación de Energía Nuclear, que será la responsable de la regulación y el régimen sancionatorio y la Dirección de Control y Supervisión de Energía Nuclear, que realizará supervisiones e inspecciones.
