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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Pese a haber pagado sus terrenos, cerca de 350,000 familias viven en propiedades irregulares e ilegales, por ello, las Comunidades de Fe Organizadas para la Acción (COFOA) y la Red Nacional en Acción con Esperanza y Resistencia (RENACER) pidieron una ley que obligue a las corporaciones lotificadoras, desarrollador parcelarios o a quienes les compraron las propiedades a entregar las escrituras a sus clientes, pues en su mayoría tienen más de veinte años de haberles cancelado.
Según el presbítero Balmore de Jesús Pedroza, representante de Tutela de Derechos Humanos del arzobispado de San Salvador, se han unido a esta causa porque en el país hay más de 300,000 familias cuyos terrenos no están inscritos legalmente ante el Centro Nacional de Registros (CNR), por no contar con la escritura que los convierte en propietarios del lugar donde han habitado por muchos años. “Estas familias han pagado sus terrenos pero no tienen una escritura, es injusto que las lotificadoras en este tiempo de pandemia dicen que han quebrado y por eso no pueden dar las escrituras, cuando son situaciones que han venido de muchos años antes, hay familias que han estado pagando por más de veinte años. Hacemos un llamado a todas las instituciones gubernamentales para unirnos a esta causa de las familias pobres, aquí no se trata de familia de la alta sociedad, sino de gente que con su trabajo diario van guardando para el pago de sus cuotas”, sostuvo Pedroza. El limbo jurídico de estas familias comenzó en 2012, cuando la Asamblea Legislativa por medio de Dictamen Legislativo remitió al presidente de la República el proyecto de “Ley de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional”, el cual fue sancionado y entró en vigencia plena, contando con un régimen ordinario y un transitorio, el propósito de este último era, obligar a las empresas regularizar a las lotificaciones que hasta la fecha no contaban con permisos, planos, entre otros requerimientos catastrales.
Así como también, aquellas lotificadoras que tenían problemas de legalización tales como aceptaciones de herencia o gravámenes en los inmuebles de las lotificaciones, sin embargo, a los primeros años de vigencia, dicha ley no tuvo los resultados. En 2017 la comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, de la Asamblea inició el estudio de un conjunto de reformas a dicha normativa, con la cual, se pretendía agilizar el trámite para que familias de escasos recursos económicos pudieran legalizar sus tierras, subsanando las deficiencias de la anterior ley, pero esas reformas tampoco tuvieron los resultados esperados.
Durante 2018 finalizó el régimen transitorio de la Ley de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional, pero los diputados solo prorrogaron dicho régimen por dos años más, que finalizó en 2020, quedando solo vigente el régimen ordinario de la ley, sin lograr que las empresas lotificadoras cumplan con sus obligaciones.
Ante la falta de un régimen transitorio que aporte un procedimiento para regularizar y legalizar a las lotificaciones, el Ministerio de Vivienda presentó a la Asamblea el “Anteproyecto de la Ley Especial Transitoria para Regularización de Lotificaciones y Parcelaciones para uso Habitacional”, el cual, a criterio de los asesores jurídicos de COFOA y RENACER no cuenta con elementos suficientes para solucionar la problemática, pero se abrió el debate en el Órgano Legislativo elaborando una nueva normativa que también tiene ciertos vacíos y no cuenta con un procedimiento claro para solucionar la situación de estas familias.
Entre tanto, el obispo de la diócesis de Zacatecoluca, monseñor Elías Bolaños indicó que un 15 % de la población en el país, es afectada por la falta de una regularización y determinación precisa de la ley, para que los procesos de estos terrenos adquiridos realmente lleguen a buen fin, se otorgue la adjudicación a esas personas que ya cancelaron la propiedad y solo porque la ley no tiene precisiones claras se quedan en espera de la escritura. “Este es el trabajo que estamos emprendiendo en conjunto con tantas familias que tienen la posibilidad de expresarse y exigir el derecho de una ley muy precisa y del cumplimiento de esta normativa, para que tengan la certeza jurídica del terreno donde habitan, es prioritario ir a la comunidad, entablar ese diálogo con las personas y luchar en favor de los lote habientes que han ido adquiriendo sus terrenos, pero que la ley no tiene una exigencia muy fuerte para los lotificadores”, sostuvo Bolaños.
Cristina López -representante de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)- dijo que el compromiso de la institución dentro de las facultades otorgadas por la Constitución, no solo será acompañar a los afectados, sino tratar de activar ante las instancias correspondientes para que estas familias obtengan el derecho como propietarios y dueños de los lotes y parcelas ya canceladas. Se tiene preparada una nota para el presidente de la Asamblea y de la comisión, para que informe cómo está la situación legal de la propuesta de ley presentada.
