Saúl Méndez
Colaborador
El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) informó que el pasado 4 de junio debía realizarse la audiencia correspondiente para la abogada y jefa de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, Ruth López, ya que en esa fecha vencía el plazo legal de su detención. Sin embargo, denunció que la diligencia judicial no fue realizada.
Ante esta situación, la coordinadora de COFAPPES, Lourdes Palacios, exigió que la audiencia de la defensora de derechos humanos se lleve a cabo «de una vez por todas».
López permanece detenida desde el 18 de mayo de 2025, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) la acusó inicialmente del delito de peculado y, posteriormente, reformuló la imputación por enriquecimiento ilícito.
No obstante, organizaciones nacionales e internacionales han sostenido que la detención de López responde a un caso de persecución política, al considerar que la abogada ha denunciado de forma reiterada casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Es en este contexto que la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, afirmó: «Ruth López es una presa de conciencia, detenida injustamente desde hace un año por su lucha incansable contra la corrupción y su defensa de la justicia social. Exigimos su liberación inmediata e incondicional».
El COFAPPES sostuvo que el caso de López constituye un ejemplo del alargamiento de los plazos procesales, una práctica que también se ha repetido en otros procesos contra personas que considera presos políticos, según la organización.
«Los plazos se prolongan constantemente y, al final, surge la pregunta: ¿dónde están las pruebas con las que se les acusa?», cuestionó Palacios.
La organización también comparó el caso con el de los líderes veteranos de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, ya que, al igual que en ese proceso, no existen pruebas suficientes contra Ruth López.
«Entonces, ¿dónde está el trabajo de la Fiscalía? Si realmente realizó una investigación, esta debió ser una investigación científica sobre los delitos que se le atribuyen», afirmó.
«Consideramos que este es un patrón de acoso que se ha venido desarrollando en el país y del cual Ruth López también es víctima», agregó.
COFAPPES también informó que, hasta la fecha, la familia de López desconoce los resultados de los exámenes médicos practicados tras la cirugía a la que fue sometida recientemente.
«Ya han transcurrido 40 días desde esa intervención y una biopsia no suele tardar ese tiempo. Sin embargo, la familia no sabe realmente cuál es su estado de salud. Esa falta de información genera una profunda preocupación, ya que desconocen en qué condiciones se encuentra, cuáles son los riesgos para su salud y la gravedad de su situación. No fueron informados antes de la cirugía, tampoco durante el procedimiento ni posteriormente sobre los resultados de los exámenes», denunció.
Por ello, la organización considera que Ruth López enfrenta un grave riesgo en su integridad física y su estado de salud.
«Queremos reiterar que la solidaridad internacional con Ruth López no ha dejado de manifestarse. Diversas organizaciones sociales de Estados Unidos y Europa han expresado su respaldo tanto a ella como a su familia. Consideramos importante agradecer ese acompañamiento y el seguimiento que continúan dando a su situación de encarcelamiento, que calificamos como una prisión por motivos políticos», expresó la organización.
«También queremos destacar la carta suscrita por nueve congresistas y dirigida al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. En ella se plantea la necesidad de investigar el caso y de poner en libertad a Ruth López», indicó.
«Cabe recordar que Ruth López ha sido declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares, mediante las cuales solicita al Estado salvadoreño adoptar medidas para proteger sus derechos», concluyó.
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