Abogado de «Pepe» Melara denuncia intimidación y persecución policial

Saúl Méndez

Colaborador

El abogado defensor de José «Pepe» Melara, Guillermo García, denunció que el pasado jueves 25 de junio fue víctima de un acto de persecución política que, según afirmó, fue ejecutado por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC). El hecho ocurre en el contexto del proceso judicial contra los líderes veteranos de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, quienes permanecen detenidos desde hace dos años en un caso que continúa estancado.

Según García, el jueves pasado, los tres agentes policiales llegaron directamente a la puerta de su vivienda.

«Únicamente llegaron a mi casa. Aunque hay personas que dicen: ‘No era con el licenciado. Díganle que no se preocupe, que la Policía no iba por él, que era otro procedimiento’, los indicios nos permiten afirmar que sí se trata de un acto de persecución política, porque fue la única casa a la que llegaron y, además, se dedicaron a tomar fotografías de mi vehículo y de mi lugar de residencia», denunció el abogado.

De acuerdo con su relato, los agentes preguntaron por una persona que no reside en el inmueble. Tras responder que no la conocía, aseguró que los policías no realizaron consultas en otras viviendas y permanecieron frente a su casa tomando fotografías del inmueble y del vehículo.

«Si lo que pretenden es amedrentarme, quiero enviarles un mensaje a quienes están acostumbrados a intimidar a los defensores de derechos humanos en este país: no voy a renunciar al caso de Pepe. Voy a mantenerme firme en la defensa de los compañeros de la Alianza El Salvador en Paz. Voy a seguir defendiendo los derechos humanos, aunque eso implique algún tipo de consecuencia para mi persona y mi grupo familiar», aseguró.

Además, responsabilizó al gobierno inconstitucional de Nayib Bukele, a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía General de la República (FGR) por cualquier hecho que pudiera afectar su integridad o la de su familia.

«Seguimos aquí, en pie de lucha. Quiero agradecer el esfuerzo y el acompañamiento de todas las organizaciones. Como dijo el compañero Luis, defender los derechos humanos no es un delito y no debe convertirse en uno», sostuvo.

«No deberían utilizarse los recursos del Estado para perseguir a defensores de derechos humanos. Tampoco deberían destinarse recursos de inteligencia policial para vigilar y perseguir a quienes defienden los derechos humanos», agregó.

«Esa fue la actuación policial que sufrimos con la llegada de estos agentes. Hoy no han regresado; sin embargo, hemos tenido que adoptar algunas medidas de seguridad», concluyó.

El caso de los veteranos presenta una nueva dilación

El abogado defensor de José «Pepe» Melara, Guillermo García, también brindó información sobre el avance del proceso judicial. Recordó que el lunes 22 de junio venció el plazo otorgado por el Juzgado Primero Contra el Crimen Organizado, Juez 3, para que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara el dictamen de acusación contra los líderes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, quienes permanecen en prisión desde hace dos años sin haber enfrentado juicio.

«Ayer (lunes 29 de junio) me presenté al tribunal y nos informaron que el lunes anterior la Fiscalía General de la República ya había presentado el dictamen de acusación. Sin embargo, la jueza o el tribunal realizó prevenciones a dicho dictamen porque, según indicaron, presentaba algunas inconsistencias. Vaya usted a saber cuáles son», expresó García.

«Le están corrigiendo la plana a la Fiscalía, porque si ese dictamen no coincide con el requerimiento fiscal, desde ahí se cae. Lo cuestionable es por qué se le conceden tres días adicionales a la Fiscalía para corregir esas observaciones y subsanar las prevenciones», cuestionó.

El abogado sostuvo que estas actuaciones evidencian un incremento de la inseguridad jurídica en el país.

«Entendemos que durante esta semana seremos notificados, pero queremos hacer la denuncia pública de que esto constituye una grave violación al debido proceso», advirtió.

Según García, una vez que la Fiscalía presenta el dictamen de acusación ya no deberían formularse observaciones de esa naturaleza. En su lugar, explicó, corresponde dar traslado del documento a la defensa para que pueda responder dentro del plazo establecido por la ley.

«Consideramos que el papel que están desempeñando la Fiscalía y los tribunales, específicamente el Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado, Juez 3, es contrario a lo que establecen la Constitución, la legislación penal vigente y los tratados internacionales en materia de derechos humanos», concluyó.