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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Representantes del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) manifestaron que durante 20 meses se les ha impedido tener comunicación con sus familiares, sin embargo, la Dirección General de Centros Penales está obligada a prestar las condiciones para que se puedan darse las visitas con la disciplina y normativas adecuadas.
Según COFPPES, en reiteradas ocasiones ha solicitado a Centros Penales cumplir con el derecho a la visita familiar y profesional, pero hasta la fecha no han tenido respuesta de la razón legal o jurídica del por qué no se permite.
Ivania Cruz, representante de COFAPPES, explicó que al no permitirles la visita a sus familiares las acciones de la Dirección de Centros Penales generan vulneración palpable al Derecho a la Seguridad Jurídica, Legalidad; Debido proceso, Igualdad, Petición y Defensa, regulados en los artículos 3, 12, 15, 17 y 18, 218, 235 y 245 de la Constitución de la República.
Como parte del operativo denominado «Operación Desfalco», la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo el pasado 22 de julio de 2021 al ex viceministro de Agricultura, Hugo Flores; el ex viceministro de Trabajo, Calixto Mejía y el exministro de Hacienda Carlos Cáceres, que aún están en prisión; mientras tanto, la exviceministra de Educación Erlinda Hándal y Violeta Menjívar, ex ministra de Salud, guardan arresto domiciliar, todos acusados por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.
Los detenidos además de ser exfuncionarios del gobierno son militantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), a excepción de Carlos Cáceres que no es militante del FMLN.
