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Saúl Méndez
Colaborador
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM El Salvador) presentó ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas un informe alternativo en el que documenta lo que califica como una profunda regresión en la protección de los derechos de las mujeres salvadoreñas.
La organización informó que el documento fue elaborado en consulta con organizaciones feministas y del movimiento de mujeres, y que contrasta con lo expuesto por la delegación del Estado salvadoreño en su informe periódico de 2021, presentado ante la CEDAW el pasado 12 de febrero.
El informe de CLADEM analiza seis áreas críticas: acceso a la justicia, mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, violencia de género, educación, empleo y salud sexual y reproductiva. En cada uno de estos ámbitos, la organización identifica retrocesos concretos que atribuye a decisiones adoptadas por la administración de Nayib Bukele, en lo que describe como una alineación con “la tendencia regional del antifeminismo y anti-derechos”.
El documento registra que solo el 13,9 % de los 13.947 casos penales por violencia contra las mujeres reportados entre 2013 y 2019 llegaron a juicio. De estos, 308 concluyeron con sentencia condenatoria, según datos citados del Comité contra la Tortura de la ONU (2022). Asimismo, de 298 casos de violencia feminicida ingresados a los juzgados en 2019, únicamente 15 culminaron en condena, de acuerdo con cifras del ISDEMU.
Entre 2017 y 2022, apenas el 37,1 % de las denuncias por violencia contra las mujeres fueron procesadas por los tribunales. El resto no avanzó a la etapa de juicio.
CLADEM también señala desigualdades persistentes en el ámbito laboral. Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM 2023), las mujeres perciben en promedio $89,65 menos al mes que los hombres ($358,39 frente a $448,04).
Uno de los hallazgos más relevantes del informe es la supuesta neutralización del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), históricamente rector de la política nacional para las mujeres. CLADEM sostiene que el ISDEMU ha sido excluido de acciones estratégicas del actual gobierno, incluido el Plan de Control Territorial, al que califica como “ciego al género”.
Además, la disolución en julio de 2022 de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), que contaba con una Gerencia de Estadísticas de Género, habría dejado al país sin un sistema robusto de datos desagregados sobre violencia contra las mujeres.
“El ISDEMU es ahora un ente ausente de las principales acciones de la actual gestión de gobierno. El Plan de Control Territorial es ciego al género”, expresó CLADEM ante el Comité CEDAW.
“A esto se suma la supresión de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género en la Asamblea Legislativa, a partir del 1 de mayo de 2024, absorbida por una nueva Comisión de Niñez e Integración Social con un mandato más amplio y difuso”, añadió la organización.
Para CLADEM, estas medidas evidencian una desjerarquización sistemática de los mecanismos institucionales de adelanto de las mujeres, en contradicción con las obligaciones asumidas por el Estado en el marco de la CEDAW.
El comité también manifestó preocupación por los hechos del 28 de febrero de 2024, cuando el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología emitió un memorándum que ordenó excluir del sistema educativo todo contenido relacionado con la denominada “ideología de género”.
La disposición afectó materiales educativos, libros de texto, guías metodológicas, plataformas digitales y documentos administrativos. El incumplimiento podría derivar en sanciones, incluido el cese del personal docente.
Según la organización, esta medida dejó sin efecto el programa de Educación Integral en Sexualidad (EIS), que en 2019 formó a 290 docentes, así como la Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes (ENIPENA 2017–2027), que había reducido las inscripciones maternas adolescentes de 24.912 en 2013 a 12.848 en 2021. “En paralelo, el Ministerio de Salud ordenó retirar materiales sobre diversidad sexual de las unidades de salud e incluso de sus redes sociales”, denunció.
El informe advierte que estos retrocesos en educación y salud ponen en riesgo avances logrados en la prevención del embarazo adolescente. En 2022 se registraron 10.352 embarazos en niñas y adolescentes, 496 de ellos en menores de 14 años.
CLADEM también documenta fallas estructurales en el sistema de justicia que, a su juicio, limitan el acceso de las mujeres a una tutela judicial efectiva. “Entre 2017 y 2022, la Fiscalía recibió 16.091 denuncias por violencia contra las mujeres, pero solo el 37,1 % llegó a los tribunales”, subraya el informe.
Muchos casos concluyen en conciliaciones o salidas alternas que, según la organización, no garantizan justicia para las víctimas. El documento menciona situaciones en las que intentos de feminicidio fueron recalificados como lesiones para reducir las penas y permitir la suspensión condicional del proceso, lo que habría dejado a agresores compartiendo domicilio con las víctimas.
“El Estado de Excepción vigente desde 2022 agrava este panorama al limitar la transparencia y el acceso a información pública, dificultando el monitoreo de la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas”, alertó CLADEM.
En el ámbito laboral, el informe indica que 1,3 millones de mujeres integran la población económicamente inactiva y que 748.219 de ellas (57 %) realizan trabajo doméstico no remunerado.
“La brecha salarial persiste: los hombres ganan en promedio $89,65 más al mes que las mujeres. La Política Nacional de Corresponsabilidad de los Cuidados 2022–2030 existe en el papel, pero no se observan acciones concretas de implementación, situación agravada por la marginación del ISDEMU como ente rector”, sostiene la organización.
Asimismo, advierte que el anuncio presidencial de aplicar una “medicina amarga”, interpretado como posibles despidos en el sector público, podría profundizar la feminización de la pobreza, especialmente entre mujeres trabajadoras informales, como vendedoras ambulantes desplazadas del centro histórico de San Salvador.
El informe concluye que, aunque El Salvador registró avances normativos e institucionales reconocidos internacionalmente en años anteriores, las decisiones adoptadas desde 2022 constituyen, según CLADEM, un retroceso sistemático que compromete el cumplimiento efectivo de la Convención y agrava la vulnerabilidad estructural de las mujeres salvadoreñas.
