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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
La comisionada Margarette May Macaulay, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD), fue enfática en señalar que es deber del Estado salvadoreño investigar el asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero, con “diligencia debida para que la verdad salga a la luz y se revelen los hechos, y los responsables sancionados, después de un juicio y eso no ha sucedido”.
La reunión de seguimiento de la CIDH, en el caso del magnicidio de monseñor Oscar Arnulfo Romero, con las partes involucradas en el proceso judicial, tuvo varios señalamientos de la Comisionada Macaulay, que deberán cumplirse dentro de dos meses, entre las que destaca la agilización de la investigación de esos desafortunados hechos.
El magnicidio del obispo ocurrió el 24 de marzo de 1980, mientras realizaba una misa de cabo de año en la cripta del hospitalito para personas con cáncer terminal.
“El Estado salvadoreño no ha presentado ningún plan concreto, y es una de las cosas que quiere la Comisión (CIDH), y que sostenga diálogos con los peticionarios y con la sociedad civil para llegar a un plan. Ha pasado mucho tiempo desde que se cometió el crimen -eso lo sabemos- pero esto no es culpa de la familia de la víctima o peticionarios, esto es resultado de las acciones del Estado, al imponer la Ley de Amnistía, cuando estos crímenes nunca prescriben”, reafirmó la comisionada Macaulay.
Sobre la nueva apertura del caso por Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, Concertación Romero y CEJIL, la magistrada de la CIDH lamentó que “se ha vuelto abrir el caso y no ha pasado nada sustantivo”, señalando que pese a la identificación de una persona que formó parte del magnicidio, no ha avanzado la captura o si van a procesar a las personas implicadas por lo que necesitan “salvar” todas estas insuficiencias del caso.
“Mi sugerencia para ambas partes, para el Estado salvadoreño –con todo respeto señora embajadora- y para los peticionarios, les sugiero coordinar una fecha dentro de los próximos dos meses, para unirse y delinear un plan con estas recomendaciones de la CIDH, que hay que responder. Y como CIDH, vamos a programar otra reunión de monitoreo, antes de fin de año o, principios del 2021, para averiguar el resultado de la reunión”, manifestó la comisionada Macaulay.
Sobre la reunión sostenida, Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” señaló como importante que la comisionada Margarette May Macaulay, planteara el incumplimiento del Estado, en las recomendaciones de la resolución.
“La CIHD ha tomado a bien apoyar, en dar seguimiento a este caso y plantear a las partes peticionarias, es decir, Tutela Legal, Concertación Romero y CEJIL, un diálogo con el Estado para dar cumplimiento a esta resoluciones.
De esta reunión se ha evidenciado que no ha habido consulta o participación de los afectados como la familia, y si bien ellos son afectados, también, lo es la comunidad religiosa y la sociedad en general, ya que como muy bien planteó la comisionada Macaulay, que en un caso tan emblemático se le debe dar seguimiento continuo para llegar a su total cumplimento”, argumentó Díaz.
“Lo que ha dicho la comisionada Macaulay es que se debe cumplir de forma inmediata la investigación de este hecho tan lamentable en el país, y que genera impunidad y que algunos autores que están señalados se les juzgue”, agregó.
Tania Camila Rosa, en representación de la Cancillería de la República, en su informe presentado ante la CIDH, sobre las medidas de cumplimiento por el Estado salvadoreño, presentó las medidas que tomaron los gobiernos anteriores, es decir, del partido FMLN, en las administraciones de los expresidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén.
Entre estas citó el pedido de perdón público que hiciera en El Mozote, Morazán, el expresidente Mauricio Funes, así como el mural que ocupa un espacio en el Aeropuerto Internacional “Monseñor Oscar A. Romero”, y un documental realizado por canal 10, sobre la vida del obispo mártir.
La representación de la cancillería afirmó que el Estado salvadoreño no realiza homenajes al exmayor Roberto d’Aubuisson, señalado por el Informe de la Comisión de La Verdad, “De la Locura a la Esperanza”, como el autor intelectual del magnicidio.
La representación oficial señaló que se opusieron a que se nombrara la calle San Antonio Abad, con el nombre de d’Aubuisson. Y que han capacitado a la Fuerza Armada en temas de Derechos Humanos y al Consejo Nacional de la Judicatura, así como múltiples capacitaciones al Ministerio Público.
La Fiscalía General de la República presentó como logro la capacitación en temas de Derechos Humanos y Justicia Transicional a través de la Escuela y Política de Persecución Penal e Investigación. Así como la realización de una serie de diligencias en estos casos del conflicto armado.
La Fiscalía General de la República presentó como logro la capacitación en temas de Derechos Humanos y Justicia Transicional a través de la Escuela y Política de Persecución Penal e Investigación. Aunque no concretaron ningún avance en la investigación del Caso de Monseñor Romero.
En la reunión preparatoria el próximo 14 de octubre, además de todas las partes procesales, esperan contar con la gran ausente de este 30 de septiembre: la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
