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Santiago de Chile / Prensa Latina
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) llamó el viernes a levantar las sanciones impuestas a Cuba y Venezuela para permitir su acceso a alimentos, suministros médicos y pruebas de la Covid-19.
Ese organismo de las Naciones Unidas incluye ese llamamiento en el informe ‘América Latina y el Caribe ante la pandemia del Covid-19: efectos económicos y sociales’, que aborda el presente y las proyecciones hacia 2030 en medio de la actual crisis.
El documento, presentado en esta capital por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, puntualiza que ‘es tiempo de solidaridad, no de exclusión’.
Estados Unidos mantiene contra Cuba una política de bloqueo por seis décadas que ha provocado incalculables pérdidas a la isla, no solo económicas, y que se ha recrudecido durante la administración de Donald Trump.
La muestra más reciente de la inhumanidad de esa política es la imposibilidad de que llegaran a Cuba mascarillas, equipos médicos y otros medios necesarios para combatir la pandemia de Covid-19, como parte de una donación de la empresa china Alibaba a naciones de América Latina.
En el caso de Venezuela, la constante hostilidad de Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro lleva en estos momentos al despliegue de fuerzas navales para impedir la llegada de alimentos y medicinas a esa nación sudamericana.
El informe de la Cepal, además, plantea que América Latina debe avanzar en un modelo de desarrollo sostenible y con más integración como opción para mitigar los efectos de la pandemia, que podría incluso impedir la recuperación y el crecimiento a mediano y largo plazos.
Bárcena llamó a los gobiernos de la región a tomar medidas urgentes para abordar la emergencia sanitaria, social y económica, fortalecer la coordinación e integración regional para asegurar las cadenas de suministro de bienes y el comercio, aliviar la pobreza y fomentar la reducción de la desigualdad.
Puntualizó que el mundo está ante una crisis humanitaria y sanitaria sin precedentes en el último siglo, en un contexto económico ya adverso, en una ‘situación de economía de guerra’ que reclama un papel central del Estado por encima de las leyes del mercado.
También plantea que para abordar la emergencia social son necesarias medidas de protección de los ingresos para los grupos más vulnerables, del empleo, como los subsidios de desempleo e ingreso básico de emergencia, y apoyo a las pequeñas y medias empresas (PYMES) y los trabajadores por cuenta propia.
El reporte advierte que la crisis de la Covid-19 pone en riesgo el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos (ODS), pues en análisis hecho por la Comisión, el 73 por ciento de los indicadores muestra problemas para lograr los ODS hacia el año 2030.
